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Población hondureña: sin garantías judiciales ni protección a DH

Por Lourdes Godínez Leal

La falta de garantías judiciales, el quebrantamiento del orden constitucional que se refleja en la vida cotidiana de la sociedad hondureña a través de la polarización de la población y la falta de protección a los derechos humanos por parte de las instancias del país que deberían hacerlo y no están funcionando, fueron algunas de las preocupaciones manifestadas por el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Así lo informó en entrevista Ariela Peralta, integrante de Cejil y una de las 15 personas que participaron en la Misión Internacional de Observación sobre la situación de los derechos humanos que visitó Honduras del 17 al 26 de julio, quien precisó que hoy los integrantes de la Misión sostuvieron una reunión privada con la CIDH para presentarle su informe.

Peralta enfatizó que una de las violaciones más graves es el Decreto 11-2009 (referente al toque de queda) que establece restricciones a una amplia gama de derechos fundamentales incluyendo la libertad personal, la movilidad y otros ya que su aplicación es contraria a las obligaciones internacionales que el Estado ha signado en la materia.

El hostigamiento contra defensoras y defensores de derechos humanos, contra el movimiento feminista hondureño y los atentados contra la libertad de expresión, como el allanamiento a los canales 8 y 36, a Radio Globo, entre otros medios de comunicación, fueron otras preocupaciones expresadas ante la CIDH, dijo Peralta.

Indicó que la CIDH preguntó reiteradamente a la Misión cuál es la situación en los retenes así como información de cuáles son las zonas con mayor tensión en el país.

La integrante de Cejil, organismo con estatus consultivo ante la OEA, indicó que entre las recomendaciones hechas en su informe a la CIDH destaca que continúe monitoreando la situación en Honduras así como el otorgamiento de medidas cautelares a las personas que se encuentren en riesgo.

En tanto, solicitó a la comunidad internacional de estados manifiesten una posición firme de condena al golpe de Estado, exigiendo la restitución del presidente constitucional José Manuel Zelaya y el restablecimiento del orden constitucional.

Mantener la suspensión de relaciones diplomáticas con el gobierno de facto así como desconocer cualquier decisión adoptada por dicho gobierno fueron otras de las recomendaciones.

Peralta indicó que como parte de la agenda de la Misión también sostuvieron reuniones con el Departamento de Estado y el Congreso de Estados Unidos a quienes también le presentaron el informe.

Las personas que conformaron la Misión fueron en representación de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), Cejil, Iniciativa de Copenhague para Centroamérica y México (CIFCA), FIAN Internacional, Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (PIDHDD), entre otras.

Para la realización del informe se entrevistaron con sindicatos, organizaciones de mujeres en resistencia, diputados y alcaldes locales y movimientos sociales y del magisterio hondureño.

POR LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS HONDUREÑAS

Feministas y organizaciones defensoras de derechos humanos de las mujeres de Estados Unidos, Centroamérica y México visitarán Honduras del 17 al 21 de agosto para realizar la semana por los Derechos Humanos de las Mujeres en Honduras, informaron en un comunicado.

El objetivo de la visita es documentar y denunciar públicamente las violaciones de derechos humanos de las hondureñas a raíz del golpe de Estado, mismas que serán presentadas en un informe.

Asimismo se realizará una jornada cultural de diálogo con la sociedad hondureña, donde se les informará de la necesidad de denunciar cualquier violación a los derechos humanos de las mujeres.

LA CIDH TAMBIÉN EN HONDURAS

La CIDH informó en un comunicado que, de acuerdo con lo establecido en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en su reglamento, realizará una visita in loco a Honduras del 17 al 21 de agosto donde visitará diferentes regiones del país para recibir denuncias de violaciones a derechos humanos cometidas desde el golpe de Estado el pasado 28 de junio.

Recordó que Honduras ratificó en 1997 la Convención Americana sobre Derechos Humanos y aclara que el que este país haya sido “suspendido” el pasado 4 de julio de su derecho a participar en la Organización de los Estados Americanos (OEA), no lo exime de las obligaciones que contrajo al signar la Convención y otros tratados en materia de derechos humanos ratificados por el Estado.

De acuerdo con lo establecido en la Convención Americana y en el reglamento de la CIDH, se deberán ofrecer todas las facilidades para que ésta lleve a cabo su misión durante su visita al país en cuestión, en este caso Honduras.

Según el reglamento de la CIDH ésta podrá entrevistar libre y privadamente a personas, grupos, entidades o instituciones y deberán de otorgársele que se deberán otorgarle las garantías necesarias a quienes suministren a la Comisión información, testimonios o pruebas de cualquier carácter.

Asimismo, señala que los miembros de la Comisión podrán viajar libremente por todo el territorio del país, para lo cual se otorgarán todas las facilidades del caso, incluyendo la documentación necesaria, así como asegurar la disponibilidad de medios de transporte local.

Entre otros puntos, señala que también tendrán acceso a las cárceles y todos los sitios de detención e interrogación para entrevistarse con las personas que se encuentren detenidas y destaca que se deberá proporcionar a la Comisión cualquier documento relacionado con la observancia de los derechos humanos que ésta considere necesario para la preparación de su informe.

La CIDH informó que el 5 de agosto notificó al Estado hondureño de su visita y le hizo explícitas estas obligaciones.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la OEA, que deriva su mandato de la Carta de la OEA y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión está conformada por siete miembros independientes que actúan a título personal, sin representar a país alguno en particular, y que son elegidos por la Asamblea General de la OEA.

09/LGL/GG

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