Policías querían detener a líderes, acusan jornaleras

La policía del estado de Baja California (BC) amedrentó a habitantes del Valle de San Quintín este fin de semana, para dar con la vivienda de los líderes del movimiento.
 
De acuerdo con una integrante de la Alianza de Organizaciones Nacional, Estatal y Municipal por la Justicia Social, Lucila Hernández García, este sábado 9 de mayo policías estatales de BC irrumpieron en varias comunidades de la delegación Vicente Guerrero (donde residen los principales voceros del movimiento jornalero) sin que mediara un motivo para ello.
 
Hernández García señaló a Cimacnoticias que ella visitó durante el fin de semana, junto con seis observadores de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), las comunidades de Lomas de San Ramón, San Juan Copala y Díaz Ordaz, donde se concentraron las agresiones.
 
Tras escuchar diversos relatos de las y los habitantes, la activista constató la versión de que la madrugada de ese día las y los jornaleros fueron sorprendidos por 20 patrullas y un “tanque” de las autoridades estatales cuando descendían de sus viviendas para ir a trabajar.
 
Los uniformados –según coinciden distintos relatos– arremetieron sin motivo alguno contra las y los jornaleros que se dirigían a sus centros de trabajo agrícola, e incluso allanaron algunas viviendas (al menos cinco) donde se refugiaban mujeres, menores de edad y personas adultas mayores.
 
Para defenderse de la refriega, las y los jornaleros iniciaron un enfrentamiento contra los policías estatales del que resultaron cientos de personas heridas.
 
Las mujeres también fueron agredidas –señaló Hernández García–; la mayoría de ellas fueron arrastradas por los uniformados mientras intentaban defender a sus familias, sus animales y sus casas.
 
Dos adultas mayores que estaban en uno de los campamentos de protesta que se encuentra sobre la carretera Transpeninsular y una mujer que observaba los hechos desde un local de motores fueron golpeadas en el cuerpo por los policías.  
 
Por su parte, las y los jornaleros lo único que hicieron fueron responder a la agresión, aseguró Hernández García.
 
La activista del movimiento jornalero dijo que hasta ahora desconoce si hubo algún fallecimiento, pero sí sabe de varios heridos de bala de goma y uno que fue impactado por un arma “de alto calibre”, muchos de ellos atendidos ese mismo día en el Hospital Rural 69 del Instituto Mexicano del Seguro Social, que se encuentra en la colonia 13 de Mayo, de la delegación Vicente Guerrero.  
 
Además, 14 personas fueron detenidas y trasladadas hasta la cabecera del municipio de Ensenada. Entre ellas, una jornalera de nombre Agustina Luna Santos –liberada la tarde de ayer junto con cuatro menores de edad–, quien fue arrestada por los uniformados mientras buscaba el apoyo de una ambulancia.
 
De acuerdo con el testimonio de Agustina –que compartió con los observadores de la CNDH–, la mujer fue violentada psicológica y verbalmente por los agentes judiciales, quienes la amenazaron de acusarla de “delitos graves” si no señalaba la vivienda de los líderes del movimiento.
 
Luego de los enfrentamientos, las y los jornaleros decidieron usar piedras para bloquear los caminos y resguardaron un tanque blindado de la policía estatal para impedir nuevos actos represivos.
 
Según la activista, un día después de estos hechos, el subsecretario de Gobierno del estado, Pablo Alejo López Núñez, se reunió con los voceros de la Alianza para negar que él hubiera ordenado la represión contra las y los jornaleros, y aseguró que si el movimiento desbloqueaba la carretera entonces el gobierno del estado accedería a liberar a las personas detenidas.
 
Lucila Hernández aseguró que hasta entonces, una parte de las y los habitantes de la delegación Vicente Guerrero permanecen en “resguardo de la comunidad ante la expectativa” de nuevas agresiones, pero el resto de habitantes fue a trabajar.
 
“La gente no tiene miedo, tenemos coraje, dolor, tristeza de este gobierno que en vez de darnos solución está reprimiendo e intenta matar a nuestro pueblo”, detalló.
 
A la par de estas declaraciones, la directora de la Casa de la Mujer Indígena, Margarita Amalia Cruz Cruz, señaló en entrevista que apenas supo de los hechos llamó de inmediato a las y los habitantes de la delegación Vicente Guerrero (a 40 minutos de la organización), quienes confirmaron la agresión y aseguraron que los policías estatales iban en busca de los líderes, según lo que les iban gritando.
 
La defensora de los derechos de las mujeres cuestionó que la policía estatal estuviera afuera de las casas de una comunidad que se ubica a más de 600 metros arriba de la carretera Transpeninsular, en el horario en que las familias salían a trabajar, lo que a todas luces hace ver los hechos como una “provocación” por parte de las autoridades de la entidad.
 
Cruz Cruz explicó que desde la marcha del pasado viernes hubo presencia de “infiltrados” que buscaban disolver las negociaciones que ese día habrían de llevarse a cabo con el subsecretario de Gobernación, Luis Enrique Miranda Nava, quien no asistió a la mesa porque “no había transporte” y aún no concluían los trabajos previos.
 
Sin embargo, las y los integrantes del movimiento jornalero pidieron a los manifestantes que se retirarán del lugar a fin de descubrir a los “provocadores”.
 
Tras deslindarse de los hechos represivos, Miranda Nava se comprometió a reanudar la mesa de diálogo con las y los jornaleros este miércoles 13 de mayo para responder si habrá aumento de salario a 200 pesos como mínimo.
 
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