Ante las denuncias de violencia sexual contra mujeres, niñas y niños, las y los ministerios públicos y los cuerpos periciales tienen problemas y se muestran incapaces para valorar ética e imparcialmente los casos, afirma la doctora Irma Saucedo González, durante una mesa de análisis sobre el acceso de las mujeres a la justicia, organizado por el Programa Universitario de Estudios de Género (PUEG) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)en días pasados.
Saucedo González, consultora independiente, pudo constatar lo anterior durante la impartición de un diplomado de especialización en la investigación de delitos sexuales impartido a servidores públicos.
También advirtió que existen retrasos injustificados en las diligencias necesarias por parte de las instancias comisionadas para efectuar la investigación; prácticas de diligencias innecesarias, vicios e irregularidades.
Asimismo, notó la carencia de estancias de administración de justicia en las zonas más pobres, mala ubicación geográfica de las oficinas del ministerio y falta de abogados de oficio para las víctimas: «Confirmamos que la interpretación legal nunca es neutra, tiene contenido de género y la aplicación del derecho penal lleva una sobrecarga de discurso patriarcal».
CANSANCIO, INSENSIBILIDAD Y DESCONFIANZA
También señaló que durante el diplomado pudo observarse que en la mayoría de los casos las y los servidores públicos enfrentan un síndrome que consiste en un tipo de desgaste emocional que incluye una gran variedad de síntomas –cansancio persistente, impaciencia y disociación–, razón por la cual practican las diligencias con insensibilidad.
Descubrieron que las denuncias falsas fue un tema recurrente durante el proceso de capacitación, en el cual se pudo constatar que las representaciones de género de los ministerios públicos organizaron la validación de la denuncia que las mujeres presentan ante la autoridad.
En este sentido se constató que existe el estereotipo de que si las personas tienen algún tipo de confusión, entonces realizan una declaración falsa.
Durante las sesiones fueron comunes las frases cargadas de estereotipos de género como «las mujeres van a poner una demanda porque tienen otros problemas con el agresor; hay muchas víctimas falsas; las víctimas no pueden aportar pruebas a la averiguación previa; ¿por qué tenemos que dar atención especial si las mujeres también violentan y a veces más que los hombres?».
En la mesa de análisis organizada por el PUEG, la doctora Luciana Ramos Lira, del Instituto Nacional de Psiquiatría, expuso cifras de la Encuesta Nacional de Victimización realizada en 2004 que reveló que por cada 8.3 crímenes que ocurrieron, las autoridades se enteraron sólo de uno; dos terceras partes de las víctimas no quisieron denunciar el delito porque lo consideran una pérdida de tiempo o por desconfianza en las autoridades.
Según los registros oficiales, se consignó ante el juez al 12 por ciento de los presuntos delincuentes y de ese universo solamente el 8 por ciento recibió una sentencia condenatoria.
Según la encuesta, las y los ciudadanos desconfían más de los servidores del Ministerio Público que de las policías, aunque las víctimas declaran que en el 10 por ciento de los casos los delincuentes pertenecen a una corporación policiaca.
El estudio reporta que si se consideran tan sólo las averiguaciones previas iniciadas durante los últimos años, la eficiencia global del sistema de justicia es de 3.8 por ciento, es decir, por cada 100 personas de las que se presume su responsabilidad en hechos delictivos, sólo se logra sentenciar a poco menos de cuatro.
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