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Política agraria institucionaliza exclusión de las mujeres

Por Hypatia Velasco Ramírez

En Chiapas, la política agraria basada en la contra-reforma del Artículo 27 revirtió el carácter protector y promotor de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, pues no se consideró a los pueblos indígenas en el diseño e implementación de las políticas agrarias.

Esto generó impactos en el nivel de vida cultural de los pueblos indígenas, de acuerdo con el informe sobre la situación de los derechos humanos en México, entregado el lunes y tratado hoy durante la tercera reunión que sostuvo el relator para México de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Florentín Meléndez, con representantes de las organizaciones de la sociedad civil (OSC).

En Chiapas, la “parcelización individual”, privatización y apertura al mercado de los terrenos ejidales y comunales están afectando a la mayoría de la población indígena, que es campesina.

De acuerdo con el documento, la ley agraria actual desestructura los ejidos y comunidades como instancias de acción y sobre todo como ámbitos de decisión autónoma, lo que tienen como consecuencias la pérdida del sentido social y político de los organismos ejidales y comunales, así como el aumento de conflictos agrarios en el aspecto intercomunitario.

Estas políticas, además de alterar la propias formas de organización de las comunidades, precarizan las condiciones de vida de las familias y profundizan e institucionalizan la exclusión histórica de las mujeres.

Además de que tienen un impacto negativo en las prácticas indígenas de conservación y uso sustentable de los recursos naturales.

Con ello, dice el informe, el Estado mexicano está incumpliendo su compromiso de proteger los derechos de los pueblos interesados en la protección, utilización, administración y conservación de los recursos naturales de sus tierras.

Estas reformas agrarias vulneran el derecho a la vida, que tiene que ver con el acceso de las personas a condiciones que le garanticen una existencia digna.

Asimismo, explica el informe, se vulnera el derecho a la información, consulta y libre determinación, pues en la implementación de las reformas no hubo suficiente información en lengua indígena ni se respetaron las formas tradicionales para la toma de decisión al interior de las comunidades.

“En suma, no hubo consulta adecuada a los pueblos indígenas a decidir libremente el tipo de desarrollo que quieren adoptar, a partir de sus valores culturales y espirituales y de las formas tradicionales de uso y posesión de la tierra y recursos naturales”.

El Estado mexicano tiene que modificar la Constitución, dice el informe, con el fin de promover “un proceso de consulta amplia y real a los pueblos indígenas”, para que se reconozcan como sujetos colectivos de derecho.

Igualmente, es necesario que la CIDH se pronuncie sobre este informe “en beneficio de los derechos de los pueblos indígenas, en relación a la política agraria mexicana que, en Chiapas, donde el contexto es una alta segmentación social, política y económica de las comunidades, afecta la integridad identitaria y territorial de los pueblos indígenas”.

Además, atentar contra sus derechos económicos, sociales, culturales y ambientales en sus organizaciones, comunidades y personas, “incumpliendo con ello el gobierno mexicano sus compromisos internacionales como el protocolo de San Salvador y el Convenio 169 de la OIT”, finaliza el informe.

07/HVR/GG

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