Con 27 votos a favor y 3 en contra, fue aprobada el pasado viernes 17 de abril en el Congreso de Nayarit una reforma a la Constitución local, para que se le brinde personalidad jurídica al feto desde el momento de la concepción, con lo cual queda penalizada la interrupción legal del embarazo, en una entidad donde ocurren casi 20 mil abortos clandestinos, según el Guttmacher Institute.
La propuesta fue realizada por Roberto Mejía Pérez, quien fuera hasta hace una semana diputado del Partido Revolucionario Institucional (PRI), y es actual Secretario de Gobierno del estado, y respaldada por las fracciones parlamentarias del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Partido Acción Nacional (PAN), Partido del Trabajo (PT), Nueva Alianza y Convergencia.
Los votos en contra fueron de Gloria Noemí Ramírez Bucio, Carlos Hernández Ibarría y Jesús Castañeda Tejeda, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), aunque el diputado Roberto Contreras Cantabrana, del mismo partido, votó a favor.
Así, este estado, que cuenta con un índice de 21 por ciento de embarazos adolescentes, 4 por ciento más alto que la media nacional, se suma a la lista de estados donde iniciativas similares han sido aprobadas, Baja California, Colima, Durango, Jalisco, Morelos, Puebla y Sonora.
Una iniciativa similar fue presentada en Quintana Roo la semana pasada, sin embargo no alcanzó el número de votos suficientes para su aprobación.
El planteamiento de estas iniciativas, redactado bajo los mismos argumentos presentados por algunos ponentes en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) durante el proceso en el que se declaró constitucional la interrupción legal del embarazo (ILE) en el DF, es el de garantizar y proteger el derecho a la vida de todos los seres humanos a partir de la concepción, pues de acuerdo con ellos es ahí dónde se genera la vida.
Dice la iniciativa de Nayarit, de 22 páginas: «la vida del ser humano comienza a partir de la unión de un óvulo y un espermatozoide, esto es, a través de la fecundación o concepción. Para los efectos procedentes, debemos entender a la fecundación, concepción o fertilización, como el momento en que los gametos femenino y masculino se unen formando el cigoto».
La iniciativa propuso que el texto de la Constitución quedara así: «1.- Se reconoce, protege y garantiza el derecho a la vida de todo ser humano desde el momento de la fecundación y se le reputa como nacido para todos los efectos legales correspondientes, hasta su muerte natural.
2. Toda mujer y su producto tienen derecho a la atención médica gratuita durante el periodo de embarazo y el parto».
Hace igualmente alusiones al producto de la concepción como «Pulgarcito» y señala en tono meloso lo que ocurre en el desarrollo del producto de la concepción. Analiza los derechos de la infancia, pero en ningún momento señala los derechos constitucionales de las mujeres, como su derecho garantizado por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos sobre el número y espaciamiento de hijas e hijos.
De acuerdo a los expertos en salud sexual y reproductiva, cuyos argumentos también fueron presentados en el proceso de inconstitucionalidad de la ILE, estos planteamientos manipulan la evidencia científica y promueven leyes que violan los derechos de las mujeres, principalmente el derecho a tener una reproducción elegida.
El Código Penal de la entidad, con la el cambio constitucional, tendrá que modificarse, pues en su versión actual señala los casos en que el aborto no es punible:
«El Capítulo IX. ABORTO, de Código Penal de la entidad, en su Artículo 338 señala: «No es punible el aborto culposo causado por la mujer embarazada, ni cuando el embarazo sea resultado de una violación.
«Artículo 339.- No se aplicará sanción cuando de no provocarse el aborto, la mujer embarazada corra peligro de muerte, o de un grave daño a su salud, a juicio del médico que la asista, oyendo éste el dictamen de otro médico, siempre que esto fuere posible y no sea peligrosa la demora».
Organizaciones civiles de los diferentes estados donde se ha realizado esta modificación a la constitución, se han manifestado en contra, pues esta es una ley que representa un retroceso a los avances de las mujeres en materia de salud sexual y reproductiva, y las imposibilita para exigir el pleno ejercicio de sus derechos.
En el caso de Nayarit, denunciaron algunas y algunos legisladores, la iniciativa se agendó solo 15 minutos antes del inicio de la sesión, como ha ocurrido en otras entidades, donde se ha denunciado «albazo» para no discutir la iniciativa y aprobarla sin demora.
09/AGM/GG
