Llevar a término el embarazo de la niña menor de 10 años de edad que fue violada por su padrastro en Chetumal, es médicamente más peligroso para la vida y la salud de ella, que interrumpir la gestación de casi 17 semanas, alertó la doctora Raffaela Schiavon.
En entrevista con Cimacnoticias, la directora de IPAS México explicó que si bien es cierto que existen riesgos al practicarle un aborto a la menor de edad, un parto a término es siempre un evento obstétrico más peligroso para la vida de la niña que un aborto terapéutico.
Hay que recordar que Areli Camargo Chávez, procuradora estatal de la Defensa del Menor y la Familia, ha insistido en que a pesar de que la menor de edad «no deja de ser una niña», es mejor que continúe con la gestación y declaró que debido al alto riesgo del embarazo el ginecólogo encargado consideraba practicarle una cesárea.
Al respecto la doctora, especializada en ginecología y obstetricia, afirmó que una intervención quirúrgica sería aún más traumática. Puntualizó que de acuerdo con la evidencia científica existen procedimientos para una interrupción del embarazo durante el segundo trimestre (es decir de 13 a 20 semanas).
Investigaciones al respecto, de la Federación Latinoamericana de Sociedades de Obstetricia y Ginecología (FLASOG) afirman que la práctica de un aborto hasta las 22 semanas de gestación es un método seguro. IPAS señala que la tasa de mortalidad materna (muertes maternas por mil nacidos vivos) entre la semana 16 a la 20, es de 3.4.
Schiavon afirma que en instalaciones adecuadas y con personal calificado y capacitado, el proceso no tiene mayores complicaciones. Aunque el embarazo está ya avanzado, señala que es posible una intervención para interrumpirlo con métodos seguros como son la aspiración manual o eléctrica endouterina (AMEU/AEEU), o bien con medicamentos.
Estos métodos no son peligrosos ni representan daños físicos a la menor de edad. En todo caso, un parto podría generar causar trastornos hipertensivos, hemorragias y daños graves a al salud de la niña como la pérdida de la vida.
Por otra parte la doctora explicó que no hay ninguna evidencia científica que relacione un aborto inducido con una pobre salud mental, caracterizada por depresión o riesgo de suicidio. Sin embargo destacó que los daños psicológicos pueden ser mayores al obligar a una niña que fue violada por su padrastro a continuar con un embarazo.
También recordó que en el tema de violaciones sexuales, México tiene una legislación: la Norma Oficial Mexicana sobre violencia familiar, sexual y contra las mujeres (NOM-046), para atender a víctimas de violencia sexual.
Esta norma es parte de un compromiso adquirido por el Estado mexicano, a través de un acuerdo de solución amistosa ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), luego del caso Paulina, niña de 13 años que fue violada en 1999 y como consecuencia quedó embarazada, no se le permitió la interrupción legal del embarazo (ILE), como estaba previsto en el Código Penal de la entidad.
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