Luego de calificar como positivo el proyecto de sentencia elaborado por el Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Salvador Aguirre Anguiano, sobre la Ley Federal de Radio y Televisión y la Ley Federal de Telecomunicaciones, organismos civiles nacionales e internacionales señalaron hoy que, de votar a favor, la SCJN «establecería criterios sin precedentes de fundamental importancia para el avance democrático en México».
En rueda de prensa, integrantes de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC) y Artículo 19, señalaron que dicho proyecto reconoce como válidos la mayoría de los preceptos impugnados por los senadores que interpusieron hace casi ya un año la acción de inconstitucionalidad ante la SCJN.
Ya en marzo del año pasado, la representante de AMARC, Aleida Calleja, había señalado que la reforma a esta Ley de Radio y TV «violentaba los principios constitucionales que garantizan el derecho a la información y a la libertad de expresión, pues entregaban a los grandes consorcios el dominio del espectro radioeléctrico».
Aleida Calleja señaló que los principales beneficiados con la reforma serían las dos grandes cadenas de televisión que actualmente acaparan el mercado: Televisa y TV Azteca y la empresa de Carlos Slim, Teléfonos de México, convirtiéndose así en una amenaza para la existencia de los pequeños radiodifusores, las radios comunitarias, indígenas y educativas, que no podrán competir con los «grandes consorcios».
Por ello, señalaron hoy estos organismos civiles, de votar la SCJN a favor del proyecto de sentencia elaborado por Aguirre Anguiano, se estaría «ponderando la función social de los medios de comunicación y privilegiando la pluralidad en la asignación de frecuencias radioeléctricas», sin que sea una condición «el elemento económico» para tal fin.
Lo que se verá reflejado, señalaron, «en el fortalecimiento del Estado como garante del derecho a la libertad de expresión e información».
RADIO INDÍGENA Y COMUNITARIA
Asimismo, enfatizaron la «omisión» del Congreso de la Unión al dejar fuera de las concesiones a los pueblos y comunidades indígenas.
Cabe recordar que incluso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en su informe de 2006, hizo referencia a la llamada «Ley Televisa» señalando que las nuevas reformas incluían reglas para otorgar permisos a las radios comunitarias difíciles de cumplir.
El relator de la CIDH, Florentín Meléndez, quien se reunió con varias organizaciones civiles durante su visita al país en 2006, subrayó que las reformas no eran claras ni transparentes para los procesos de licitación y enfatizaba que la carencia de una legislación apropiada acerca de la radiodifusión comunitaria era uno de los principales factores que afectaba la libertad de expresión.
Por ello, recomendó a los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA), legislar en materia de radiodifusión comunitaria para otorgar parte del espectro a las radios comunitarias y para que la asignación de frecuencias se base en criterios democráticos y no económicos.
Ante este panorama, las organizaciones convocantes a la rueda de prensa, realizada este día en el Centro de Comunicación Social (Cencos), señalaron que la SCJN debería «continuar con el uso de su facultad de suplencia de la queja para introducir otros elementos de inconstitucionalidad que contienen las reformas, tales como la desigualdad en el trato que merecen los medios permisionados, dentro de los cuales se encuentran los comunitarios, frente a los concesionarios».
LA CORTE SE PREPARA
Mientras, la SCJN determinó que no sesionará del 14 al 17 de mayo, ya que dedicará este tiempo «al análisis personal del asunto».
En un comunicado, se informa que se prevé que el próximo 21 de mayo especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México y del Instituto Politécnico Nacional presenten ante la Corte las respuestas a un cuestionario sobre aspectos técnicos, relacionados con la acción de inconstitucionalidad 26/2006, promovida por senadores en contra del presidente de la República y de otras autoridades, en torno a dicha Ley.
Asimismo, en los próximos días se entregará el proyecto elaborado por el ministro Aguirre Anguiano a los ministros del alto tribunal, a la Cámara de Senadores, a la Presidencia de la República y al representante común de la minoría del Senado que presentó dicha acción.
07/LGL/GG/CV
