A pesar de la presión ejercida por activistas de la tercera edad en las afueras del recinto de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), la discusión sobre diversas modificaciones a la ley de los derechos de las personas adultas mayores en la capital se pospuso para el próximo martes.
La iniciativa de reformas a esa ley, que ya está dictaminada, preve una pensión universal ciudadana para las y los adultos mayores de 70 años, no menor a medio salario mínimo mensual vigente.
Al mismo tiempo establece que las personas de la tercera edad que no dispongan de seguridad social tendrán acceso a la atención médica y a los medicamentos gratuitos incluidos en el cuadro básico autorizado por la Secretaría de Salud.
El proyecto de decreto, presentado ante la ALDF en abril del año pasado por el diputado perredista Emilio Serrano, presidente de la comisión de Atención a la Tercera Edad, Jubilados y Pensionados, también propone en su artículo 15 que la Secretaría de Desarrollo Social promueva la perspectiva de género «en todas las políticas públicas dirigidas a las personas adultas mayores».
Asimismo señala que esa dependencia debe tener «particular atención a las necesidades de las mujeres adultas mayores». La ley propone crear el Instituto de Atención y Servicios para los adultos mayores del DF.
No obstante, a pesar de que su discusión y eventual aprobación estaba programada para el día hoy, por lo que decenas de integrantes de la Revolución Blanca (organización que agrupa a adultos mayores) se encontraban afuera de la ALDF en apoyo a la reforma legal, la iniciativa se pospuso para el próximo martes.
El diputado por el PRD Emilio Serrano advirtió que «necesariamente» las modificaciones deben aprobarse el próximo martes, de lo contrario «la Revolución Blanca va a tomar el recinto legislativo».
La discusión del proyecto de decreto se ha retrasado por las diferencias entre las diferentes fracciones partidistas. Algunos legisladores del PRI y PAN consideran que la pensión a los adultos mayores debe otorgarse a partir de lo 60 años de edad y no a los 70, como propone la reforma.
A su vez hay resistencias para crear el instituto de los adultos mayores.
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