Además de las insuficientes reformas legales, la corrupción y la burocracia que confrontan las mujeres víctimas de violencia sexual en el sistema jurídico mexicano, los prejuicios culturales son su mayor obstáculo para acceder a la justicia.
Normalmente, cuando una mujer denuncia la violencia de que fue objeto, desde el policía hasta los jueces, le dicen: «ve y resuelve tu problema personal con tu esposo».
El Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA, por sus siglas en inglés) afirma lo anterior en su investigación «Programing to Adrees Violence against Women. 10 cases studies», que publica este año.
Indica el estudio, previo a los detalles sobre la violencia sexual que se ejerce en contra de las mujeres en México, que la población vive con menos de un dólar al día y que este es uno de los tres países en Latinoamérica con mayor número de personas que viven en extrema pobreza.
UNFPA señala que aun y cuando desde 1999 se dio inicio a una serie de iniciativas para contrarrestar esta problemática, «la barrera cultural» mantiene a la violencia sexual «escondida» por las propias mujeres.
De acuerdo con el National Survey on the Dinamic of Domestic Relations del 2003, la mitad de las mujeres casadas o en unión libre dijeron haber vivido un incidente de violencia a manos de sus compañeros durante el año previo. El ocho por ciento reportó incidentes de violencia sexual.
Por su parte, National Survey on Violence against Women dice que una de cada tres mujeres sufrió violencia durante su vida. Estos datos provienen de la encuesta realizada a 26 mil mujeres de 15 años y más, donde el ocho por ciento reportó violencia sexual antes de haber cumplido los 15 años, perpetrada por los padres, padrastros o miembros de la familia. Las sobrevivientes revelaron que la violencia sexual tiende a ser «ocultada» por envolvimiento emocional con el perpetrador.
Por su parte el IPAS, organización no gubernamental internacional, preciso que las mujeres mexicanas no consideran la violencia sexual «un problema serio», toda vez que el 59 por ciento cree que en alguna medida son ellas responsables de ello, particularmente en casos donde conocen a los perpetradores.
Además, la denuncia les trae represalias, tales como golpes, infidelidad, insultos, humillaciones y castigos económicos. En las zonas indígenas y rurales el incesto es común, combinado con golpes y alcoholismo. En este caso el organismo señala que se requieren más investigaciones.
La UNFPA no pasa por alto el caso de Ciudad Juárez, donde es imperativo promover cambios de estructura en la sociedad y cultura, que permita actuar en contra de las violaciones a los derechos humanos.
La violencia no es un aspecto natural y está íntimamente ligada a la violación de los derechos humanos, recuerda el organismo de las Naciones Unidas.
07/LPB/GG
