La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su preocupación por las recientes amenazas y hostigamiento contra integrantes de la Organización del Pueblo Indígena Me´phaa (OPIM), que fungen como testigos en los casos de Inés y Valentina, violadas por militares en 2002, y cuyos casos se encuentran en espera de sentencia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH).
En un comunicado, la CIDH enfatizó que el Estado mexicano tiene la obligación de proteger a las y los defensores de derechos humanos y condenó los actos de violencia en su contra.
Una de las activistas que integran la OPIM, y a quien se le otorgaron medidas provisionales es a Obtilia Eugenio Manuel, quien desde 2002 ha recibido amenazas de muerte, por su acompañamiento de denuncia por violación cometida por militares contra las indígenas tlapanecas Inés y Valentina, ocurrida en 2002 en el estado de Guerrero.
La CIDH recordó que las amenazas contra los integrantes de la OPIM suceden desde hace años, por lo que el 14 de enero de 2005 pidió medidas cautelares para proteger a las y los activistas.
Sin embargo, precisa, se tuvieron que solicitar medidas provisionales a la CoIDH, las cuales se otorgaron en abril de 2009, pero como tampoco han sido implementadas de manera eficaz, señaló el organismo, la CIDH tuvo que informar a la Corte el pasado 16 de marzo sobre la situación de riesgo en la que se encuentran estas personas.
La CIDH reiteró que los actos de violencia y otros ataques contra las y los defensores de derechos humanos no solo afectan las garantías propias de todo ser humano, sino que atentan contra el papel fundamental que juegan en la sociedad y sume en la indefensión a todas aquellas personas para quienes trabajan.
La Comisión Interamericana es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
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