La situación general de Derechos Humanos en Oaxaca fue expuesta hoy aquí durante la audiencia pública de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), especialmente la preocupación por las niñas y los niños de la entidad que no tienen clases desde mayo pasado, a consecuencia de un movimiento social que demanda la salida del gobernador de la entidad.
En el penúltimo día del 126 periodo de sesiones de la CIDH, representantes del organismo internacional anunciaron una visita al estado posiblemente en enero de 2007, y destacaron la necesidad de que las partes en conflicto lleguen a encontrar un equilibrio para beneficio de la población.
El comisionado Fredy Gutiérrez Trejo recordó durante la sesión «al más grande de los oaxaqueños», Benito Juárez García, a los Constituyentes de aquella entidad y apuntó que en la búsqueda de la necesaria reconciliación sería bueno, incluso, «pedir a las vírgenes de Juquila y la Soledad», ante la sorpresa de la audiencia.
En uno de los salones de la sede de la Organización de Estados Americanos (OEA), a casi tres mil kilómetros de distancia de la ciudad de Oaxaca, se reunieron los comisionados de la CIDH, con los representantes de los organismos no gubernamentales, agrupaciones que se solidarizan con la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), miembros del magisterio, el gobierno de Oaxaca y del gobierno federal.
Los peticionarios representantes del Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas (Cedhapi), la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (Limeddh), la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), la Comisión Magisterial de Derechos Humanos (Comadh) y la Fundación para el Debido Proceso Legal (DPLF), al igual que la subsecretaria de Derechos Humanos de Oaxaca, Rosario Villalobos Rueda, dieron a conocer los contextos en que se desarrolló el conflicto político-social de Oaxaca que cumple 153 días.
PEDIR INFORMACIÓN AL GOBIERNO MEXICANO
El secretario Ejecutivo de la Red de Derechos Humanos, Edgar Cortés, pidió a la CIDH una visita a Oaxaca que incluya a los relatores para México, Pueblos Indígenas y Mujeres, para después agregar también al relator especial de Libertad de Expresión. Demandó medidas cautelares por las posibles violaciones a los derechos humanos.
También planteó la búsqueda de una solución basada en el diálogo, respuesta a las demandas sociales y respeto a los derechos humanos.
Cortés solicitó que la CIDH pida información al gobierno mexicano sobre los avances en las investigaciones de los asesinatos cometidos durante el conflicto, la forma en que se están garantizando los derechos humanos de quienes han sido privados de su libertad, así como la situación jurídica de los procesados, información que minutos después entregarían la subsecretaria de Derechos Humanos de la SRE, Refugio González Domínguez, y la subsecretaria oaxaqueña Villalobos Rueda a los comisionados de la CIDH.
Antes, las representantes de la Limeddh y la RODH, Jessica Sánchez Maya y Sara Méndez, respectivamente, hicieron un recuento de la situación «de crisis» que prevalece en Oaxaca, donde apuntaron «no existen válvulas de escape a la inconformidad ciudadana», que ha obligado al pueblo a expresarla a través de la protesta pública, marchas, plantones, mítines y manifestaciones.
Cuestionaron la relación entre los poderes del estado de Oaxaca, que carecen de independencia y transparencia entre ellos, de acuerdo con la presidenta de la Limeddh en la entidad sureña de México.
La activista por los derechos humanos también cuestionó ante la CIDH, la actuación del poder legislativo que aprobó una reforma electoral «que les aumenta un año a su gestión y dos años a la del poder ejecutivo», en instalaciones de casas particulares mientras la crisis se agudizaba en las calles.
A su vez, Sara Méndez se refirió a la militarización en comunidades indígenas como Villa Alta y Lachixila «poniendo en peligro la vida e integridad personal de sus habitantes e imponiendo un estado de terror entre la población».
Luego recalcó que afirmar que el movimiento magisterial y popular han quebrantado el estado de derecho en Oaxaca, «es una ironía, ya que en Oaxaca no existe Estado de Derecho».
06/SJ/LR/CV
