La situación de los derechos de las y los trabajadores migrantes y sus familias en México durante el mandato de Vicente Fox fue «preocupante» para el Comité de Protección de todos los Trabajadores Migrantes y sus Familias, de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, por lo que urgieron a esa nación a «crear una ley de migración que corresponda a la nueva realidad migratoria del país y se ajuste a lo dispuesto por la Convención Internacional para los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y sus Familiares, y por otros instrumentos internacionales aplicables».
Pero aunque el Comité mencionó su «satisfacción» por el informe que el Estado mexicano presentó sobre el tema, son más las «preocupaciones, sugerencias y recomendaciones» en las áreas judicial y legislativa. Por eso, conminó al gobierno mexicano a rendir cuentas de sus próximos avances a más tardar el primero de julio de 2009.
Son un sinfín de violaciones a los derechos humanos que se cometen en contra de los trabajadores migrantes, regulares o no; mujeres, niñas, niños, adolescentes y hombres, considera la ONU en sus comentarios finales al Informe.
Una de las primeras preocupaciones manifestadas por la ONU se refiere al Articulo 33 de la Constitución, que da facultad exclusiva faculta al Ejecutivo para hacer abandonar el territorio nacional, inmediatamente y sin juicio previo, a todo extranjero cuya permanencia juzgue inconveniente. Sugiere que retire su reserva al Artículo 22, párrafo 4 de la Convención, con lo cual se daría garantía a los interesados para oponerse a la expulsión.
Conmina al Estado mexicano a comunicar los motivos de expulsión a quienes se aplicará la medida, salvo por razones de seguridad nacional, y en un idioma que puedan entender. Que también garantice el derecho a reclamar indemnización conforme a la ley cuando una decisión de expulsión ya ejecutada sea ulteriormente revocada.
Necesita el país modificar los artículos 118 al 125 de la Ley General de Población, donde se establece que las infracciones del carácter migratorio pueden constituir un delito sujeto a procedimiento penal.
Urge a que se adhiera al Convenio 143 sobre los trabajadores migrantes de la Organización Mundial del Trabajo (OIT). Y elimine el trato discriminatorio en contra de los trabajadores migratorios indocumentados, quienes tienen limitado su acceso a la justicia.
En suma, exhorta al gobierno panista a contar con una legislación adecuada en donde el Estado otorgue a los y las trabajadores migratorios regulares y en situación irregular los mismos derechos que a los ciudadanos mexicanos. Esto implica el derecho para presentar denuncias y acceder a mecanismos de reparación ante los tribunales de justicia.
El organismo de las Naciones Unidas también urge al gobierno mexicano a intensificar esfuerzos para contrarrestar los malos tratos y otros actos de violencia, como los robos cometidos por funcionarios públicos, principalmente en contra de niños y mujeres que carecen de documentación legal.
Sobre el caso de las mujeres, el informe recomienda que puedan tener derecho a presentar denuncias por los abusos que cometan en su contra y a que se investiguen estos casos, pues ellas se encuentran en extrema vulnerabilidad, principalmente las dedicadas al trabajo doméstico, por su carácter de indocumentadas. Lo mismo sugiere la ONU en el caso de los trabajadores agrícolas.
El ex presidente Vicente Fox dijo en su momento que era prioritaria la migración interna y externa del país, pero el informe del Comité de Trabajadores Migrantes indica que la violación de los derechos humanos de los y las trabajadoras migrantes y sus familias fue un hecho cotidiano durante su gestión.
El nuevo gobierno de Felipe Calderón tendrá tres años para reportar sus mejoras, si las hay, sobre los puntos específicos observados por la ONU y que revelan el estancamiento del país para garantizar los derechos humanos de las y los trabajadores migrantes y sus familias.
06/LPB/GT/GG
