Organizaciones civiles con trabajo en derechos sexuales y reproductivos y el asesor legal del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), Pedro Morales Aché, alertaron hoy que el Partido Acción Nacional (PAN) y el Congreso de Guanajuato preparan un «madruguete» legislativo para esta semana aprobar reformas a su Constitución con el fin de proteger la vida desde el momento de la concepción.
Con dicha reforma al Artículo Primero, Párrafo Cuarto de la Constitución Local se pretende evitar que esta entidad legisle a favor de la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) como ya se impulsa en otros estados de la República, como Veracruz, Colima, Guerrero y el Estado de México, señaló en conferencia de prensa Morales Aché.
No obstante, dijo, esta medida es inconstitucional ya que con su fallo del 28 de agosto la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no sólo avaló la constitucionalidad de la legislación del DF, sino que en una sentencia aprobada por 8 ministros integró jurisprudencia de aplicación obligatoria para todos los tribunales del país, delimitó el marco constitucional del aborto y definió los parámetros constitucionales dentro de los cuales los legisladores deben regular el aborto.
«Los códigos penales estatales que actualmente sólo reconocen un catálogo limitado de supuestos en los que la interrupción del embarazo no es sancionada, se equiparan a una penalización de carácter absoluto y por ende, devienen inconstitucionales», advirtió.
Y agregó que el fallo de la Corte determina no solamente que laslegislaciones que sancionen de manera incondicionada el aborto pueden ser calificadas como inconstitucionales, sino también que este tipo de legislaciones carecen de vigencia real y no contribuyen a disminuir la práctica del aborto, por el contrario, sostuvo, conllevan a su práctica clandestina.
Lo que implica el fallo de la SCJN es que las legislaciones del país deben transitar de los regímenes prohibitivos y sancionadores del aborto a un régimen permisivo y consecuente con los derechos de las mujeres, dijo.
Y aunque ello no es obligatorio para los legisladores de los congresos estatales, como representantes populares «tienen el deber ético de modificar sus legislaciones a la brevedad posible para impedir más violaciones a los derechos de las mujeres que residen en el resto de las entidades federativas.
ONG DE GUANAJUATO EN CONTRA DE REFORMAS
Paralelamente, organizaciones civiles de Guanajuato a favor de los derechos sexuales y reproductivos hicieron hoy un llamado a la movilización en la entidad para enviar cartas en contra de la reforma a las y los diputados del Congreso local y detener la modificación constitucional.
En un comunicado, las ONG coinciden con Morales Aché en que esta medida va en detrimento de los derechos de las mujeres y especialmente de las más pobres quienes recurren con más frecuencia a los servicios clandestinos.
En Guanajuato, han señalado, el aborto –incluso el que se «permite» bajo ciertas causales– se ha convertido en un problema de salud pública ante la falta de procedimientos claros que permiten llevarlo a cabo cuando lo permite la ley, por ello lo que se necesita son políticas públicas que permitan a las mujeres acceder a servicios gratuitos y seguros.
Las reformas, señala el comunicado, proponen reconocer al concebido no nacido como titular de derechos, lo que va en contra de la Constitución y el sistema de derechos humanos, señalaron las ONG.
La medida viola el Estado laico ya que es una evidencia de que en esta entidad las decisiones se toman con criterios ideológicos pero no jurídicos. «Nadie promueve abortos, es una cuestión de brindar la libertad de elegir, la mejor lucha contra el aborto se llama educación sexual integral y disponibilidad a métodos anticonceptivos», precisan las organizaciones.
No obstante, Pedro Morales Aché explicó que, de aprobarse estas reformas, podría recurrirse al amparo, aunque dijo, es un proceso largo y mientras a las mujeres se les continuará restringiendo su derecho a decidir.
Cabe recordar que en el año 2000, el Congreso estatal aprobó una reforma para sancionar el aborto por violación, misma que fue vetada por el entonces gobernador Ramón Martín Huerta.
Actualmente, el Congreso de Guanajuato está conformado por 23 legisladores panistas, mientras que del Revolucionario Institucional tiene 7 representantes, 3 de la Revolución Democrática, 2 del Verde Ecologista y uno del Partido del Trabajo.
08/LGL/GG
