La diputada del Partido Alternativa Elsa Conde Rodríguez presentará hoy ante el pleno de la Cámara de Diputados una iniciativa federal en materia de aborto, en la que se pretende modificar algunos artículos del Código Penal Federal.
La legisladora explicó que la iniciativa retoma el trabajo y la experiencia de diversos grupos de mujeres sobre el tema del aborto, y que fue cuidadosamente elaborada a fin de colocarla en el contexto legislativo actual.
Además pretende ser un referente para la discusión que se dé en el ámbito federal, pero principalmente se propone fortalecer el derecho de las mujeres a decidir sin poner en riesgo los derechos ya ganados y los avances que se han tenido en el tema del aborto.
Elsa Conde resaltó la necesidad de derogar el Artículo 332 que regula el aborto «honoris causa», y que sin duda alguna atenta contra la dignidad de las mujeres, de ahí que se deba acabar con dicho artículo.
La diputada de Alternativa enfatizó que la iniciativa pretende modificar algunos artículos del Código Penal Federal para establecer con claridad que aquellos servidores públicos de instancias de procuración de justicia y de salud federal que tenga que participar en el procedimiento de interrupción legal del embarazo, estarán sujetos a lo que establezca la ley local en materia.
De esta forma, dijo, se brindará certeza jurídica a personal médico adscrito a los hospitales federales y podrán brindar un mejor servicio en esos casos.
También se pretende modificar el Artículo 330 de dicho Código, en el que se señalan penas para el tercero que ayude a una mujer a abortar con o sin su consentimiento, a fin de que sea la autoridad local, quien ejerza su aplicación.
La legisladora de Alternativa indicó que para el caso de los artículos 333 y 334 que establecen las excluyentes de responsabilidad proponemos quitarlas del Código Penal Federal, debido a que no es necesario que estén en un ordenamiento de esta naturaleza, porque corresponde a los códigos locales regular.
Asimismo, propone derogar el Artículo 334 y modificar el artículo 333, en el sentido de establecer que aquellos servidores públicos federales que presten servicios en materia de interrupción legal del embarazo estarán sujetos a las leyes locales para que no exista confusión y puedan prestar el servicio con seguridad.
En la iniciativa, agregó Conde Rodríguez, «incluimos que sus acciones se consideran excluyentes de responsabilidad».
«En suma, la reforma a la legislación federal que proponemos aborda el tema del aborto, tomando en cuanta las condiciones y necesidades sociales existentes en nuestro país. Estos cambios normativos fortalecerán el marco jurídico federal, en la materia y permitirán, tanto en el supuesto de que el embarazo sea consecuencia de un delito, como cuando hayan razones médicas para interrumpirlo», explicó.
La integrante del grupo parlamentario de Alternativa abundó en que las instituciones públicas de salud federal competentes para practicar la interrupción del embarazo brinden un servicio de calidad a las mujeres que así lo requieran, partiendo de una decisión libre, responsable e informada.
La diputada federal precisó que la iniciativa contempla que la competencia en materia de aborto le corresponde a los estados, conforme al Artículo 124 constitucional, en el que se precisa que «las facultades que están expresamente concedidas por la constitución a los funcionarios federales, se entienden reservadas a lo Estados», que lo hace de competencia local y no federal.
Conde Rodríguez consideró que el Código Penal Federal, que data de 1931, se encuentra desfasado con respecto a varias legislaciones locales en materia de aborto, y el mejor ejemplo de ello es la del Distrito Federal, que es mucho más avanzado.
Acotó que en el Senado de la República se encuentran dos reformas de ley en materia del aborto, una del perredista Pablo Gómez y la otra de Partido Verde Ecologista Mexicano; mientras que en la Cámara de Diputados se encuentra la iniciativa de Maricela Contreras y el grupo parlamentario del PRI está próximo a presentar otra iniciativa sobre el tema.
DISCUSIÓN EN EL DF
En cuanto al ambiente ríspido que se vive en el Distrito Federal en espera de la inminente aprobación de las reformas al Código Penal del Distrito Federal, el integrante de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa, Jorge C. Díaz Cuervo manifestó su preocupación por el endurecimiento de las acciones que vayan a emprender los grupos conservadores que se oponen a ello, reportó la agencia Notiese.
La aprobación de las reformas al Código Penal que permitirían el aborto hasta la semana 12 de gestación es inminente, enfatizó el diputado local, tras acotar que «en otros países hemos visto desde bombazos a clínicas hasta agresiones físicas contra médicos, enfermeras y legisladores que en su momento votaron a favor; nos preocupa porque son los mismos grupos que a nivel internacional defienden este tipo de causas y cuando sienten sus terrenos perdidos, en un tono justiciero, tratan de canalizar esta frustración en reacciones violentas».
Jorge Díaz denunció que las agresiones contra diputados y diputadas se han incrementado, vía correos electrónicos, mensajes a teléfonos celulares con insultos y amenazas de muerte y se le han sumado llamadas a su domicilio particular y recados «deslizados por debajo de la puerta», sin que la Secretaría de Gobernación intervenga. «Sería muy desafortunado querer tapar el pozo cuando ya se haya ahogado el niño».
El integrante del grupo parlamentario de Alternativa en la ALDF lamentó las declaraciones del subsecretario de Población, Migración y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación, Florencio Salazar, quien el viernes pasado negó que la Iglesia católica viole la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público con sus declaraciones en torno a la despenalización del aborto, pues su actuación se da en el marco de «la expresión de ideas» que conlleva el debate.
«Si no paramos esto, que nadie se sorprenda de que en 2009 la Iglesia católica esté, desde los púlpitos, diciendo qué partidos son los buenos y cuáles no», externó.
Díaz Cuervo informó que, tanto él como sus homólogos Tonatiuh González Case y Víctor Hugo Círigo, interpondrán una denuncia penal contra denominada Guardia Nacional Mexicana, que el jueves pasado llamó a decretar «pena de muerte» a los legisladores que apoyan la despenalización del aborto.
Por último, Martha Lucía Micher pidió a la iglesia tener «un discurso más sereno» para no alimentar el ambiente de odio contra los defensores del aborto. «A la Iglesia le corresponde fomentar el amor y la comprensión, no el odio; además, una de las principales enseñanzas de la iglesia es la libertad de conciencia.
07/MLT/GG
