En Chiapas, estado que desde hace 13 años vive un conflicto armado interno, las condiciones de vida de las mujeres son gravemente vulneradas y enfrentan situaciones de exclusión, feminicidio, discriminación y falta de acceso a los servicios públicos, además de ser las principales víctimas de los militares apostados en la zona desde 1994.
Así lo dio a conocer Martha Figueroa del Colectivo Feminista Mercedes Olvera (Cofemo) durante la tercera reunión que sostuvieron esta representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con diversas organizaciones de la sociedad civil para conocer la situación de los derechos humanos en México.
En la reunión que se llevó a cabo el miércoles, para abordar específicamente los derechos humanos en Chiapas, Figueroa señaló que en este estado la Ley General Agraria no prevé a las mujeres y su lenguaje en masculino determina que sean los hombres los titulares de las tierras, por tanto son ellos quienes deciden heredarla a sus hijos o venderla.
Tal situación ha provocado que se den nuevas prácticas de exclusión hacia las mujeres, dijo Figueroa a Santiago Catón, secretario ejecutivo de la CIDH, a quien se dirigió en ausencia de Florentín Meléndez, relator para México de este organismo y quien llegaría a la reunión minutos más tarde.
MILITARIZACIÓN
Figueroa reveló a Cantón el caso de cuatro mujeres chiapanecas que fueron despojadas de su tierra y expulsadas de la comunidad pues las autoridades federales –siguiendo las reglas de las autoridades tradicionales y agrarias– legalizan el despojo y la discriminación hacia las mujeres, al no permitirles contraer matrimonio con un hombre ajeno a su comunidad.
«Si una mujer se casa con un hombre ajeno a su grupo comunal le costaría la permanencia y la pertenencia de sus tierras aún cuando sea ella la propietaria legítima de éstas ya sea de forma colectiva o individual».
Dicha discriminación, sobre la ya de por si «lastimosa situación de los derechos de las mujeres» provoca la repetición de un problema social «gravísimo»: el feminicidio, puntualizó Figueroa.
Y es que, «la multiculturalidad aunado al conflicto armado interno que se inició con el levantamiento Zapatista y que se ha multiplicado, ha provocado que las mujeres se vuelvan objeto y objetivo de guerra».
Es con el movimiento armado cuando las denuncias de actos violentos por parte de los militares se inician formalmente. Y, aunque se habían dado antes, luego de 13 años las explicaciones y defensa del Estado al ejército sigue siendo la misma. Por lo que el fenómeno del feminicidio se ha repetido gravemente durante el conflicto, expuso.
Esta situación, aseguró, es principalmente visibilizada durante la masacre de Acteal, el 22 de diciembre de 1997, en donde las mujeres fueron las principales víctimas ya que de 45 asesinatos sólo 9 eran hombres y el resto mujeres, de las cuáles las más agredidas estaban embarazadas.
Mientras el secretario de la CIDH escuchaba atento, explicó que este conflicto con los paramilitares se ha agravado institucionalmente con los problemas estructurales y de políticas sociales disfrazadas y militarizadas.
Durante su intervención, Figueroa reveló, además, que se dan casos de esterilización forzada, abusos y torturas sufridas por las mujeres debido a su condición de género.
E insistió que la militarización es parte de esta situación y sostuvo que el gasto militar en Chiapas ha provocado que no se invierta en el gasto público para salud por lo que este estado, dijo, es el que tiene mayor número de muertes materna e infantil en todo el país.
SIN ACCESO A LA JUSTICIA
Asimismo Marta Figueroa aseveró que las mujeres no cuentan con acceso a la justicia y su condición de género las imposibilita para acudir a los Ministerios Públicos: «Si van con un MP les va muy mal y ni que decir de un juzgado no tienen recursos para ello y cuando tienen la posibilidad de hacerlo los criterios misóginos y discriminatorios las vulnera aún más».
En Chiapas hay casos de mujeres indígenas que sufren de síndrome de down y otras discapacidades, mujeres que se encuentran a más de tres o 4 horas del MP o el hospital más cercano y a las que se les ha imposibilitado acceder a la interrupción de un embarazo, aún cuando en ellas «se conjugaba cualquiera de los tres causales de aborto establecidos en la ley».
La falta de acceso a la justicia, tanto a la administración como procuración de justicia, es aún más concentrada en las mujeres privadas de la libertad, dijo, pues en Chiapas se ha distribuido a la población femenina encarcelada en los anexos de tres reclusorio, donde no hay condiciones adecuadas para vivir.
Estas mujeres «están en peores condiciones, ya de por si violatorias, en las que están los hombres. No hay agua, no hay servicios para ellas, la comida es más cara y sus derechos sexuales y reproductivos también están siendo afectados». Es en estas situaciones donde las mujeres ven agravada su condición de alta vulnerabilidad en Chiapas.
Además del Cofemo, otras organizaciones que estuvieron presentes durante la reunión: Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (Limeddh), Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, organización Kichan Kichanob, Red todos los derechos para todos y el Centro de Derechos Humanos «Fray Bartolomé de las Casas».
07/HVR/CV
