El 19 de diciembre se cumple un año desde que Alfonso Cabrera lanzara a su hija de ocho años del séptimo piso de un edificio. Javiera murió a manos de su padre, quien tenía prohibido legalmente acercarse a su madre, Claudia Neira, pero no a ella.
El feminicidio de Javiera es uno de los 70 que, en promedio, se cometen cada año en Chile, según cálculos del Servicio Nacional de la Mujer. En este caso, las medidas de protección judicial con que contaba Claudia, tras denunciar agresiones anteriores, no contemplaban a su hija.
Esta es una de las incoherencias que denuncia de la Red Chilena Contra la Violencia Doméstica y Sexual en su Guía de recursos para la acción, con cuyo lanzamiento se dio inicio a la campaña 2006 Por la vida de las mujeres, no más violencia, no más feminicidio.
La guía analiza la atención que reciben las mujeres que sufren violencia e informa sobre las instituciones gubernamentales, no gubernamentales, grupos y redes sociales que abordan el problema en cinco regiones del país. También presenta indicadores de riesgo vital y maltrato habitual que permiten evaluar el peligro que está corriendo quien es maltratada.
Soledad Rojas, una de las coordinadoras de la Red, afirma que uno de los graves problemas detectados es que las mujeres no saben a dónde acudir para recibir ayuda y esto impide el acceso a los servicios. La guía intenta ser un aporte en este sentido y, además, develar las fallas que existen en la asistencia a las agredidas en el sector público.
El trabajo en redes intersectoriales se ve dañado por las diferencias en el enfoque, porque no se comparte una visión común sobre el problema. Se trata de una suma de servicios que no están coordinados, aclara Rojas, quien aboga por un enfoque de género y de derechos humanos para enfrentar la violencia contra las mujeres.
A las políticas de atención fragmentadas, se suma la limitación de la cobertura. En 2005, Carabineros (policía) recibió 93.404 denuncias de violencia intrafamiliar, de las cuales más del 90 por ciento fueron interpuestas por mujeres.
Cristian García, director de Violencia Intrafamiliar del Servicio Nacional de la Mujer, reconoció que el sector público atiende sólo al 25 por ciento de las mujeres que denuncian estas agresiones y que espera aumentar su cobertura gracias al sustantivo incremento del presupuesto que pasará de poco más de 1.000 millones de pesos a 2.500 en 2007, equivalente a cuatro millones 761.000 dólares.
La red valora los esfuerzos del gobierno, pero advierte que serán vanos, si los recursos humanos son insuficientes y no están especializados, como muchas veces se observa en los servicios del Estado y, peor aún, en los Tribunales de Familia.
En junio de 2006 empezaron a funcionar estos tribunales, destinados a los problemas de la familia, como demandas de divorcio, pensiones alimenticias y cuidado de hijos e hijas, entre otros. También está bajo su responsabilidad juzgar los casos de maltrato habitual, delito tipificado como tal desde la modificación la Ley de Violencia Intrafamiliar, en octubre de 2005.
Teóricamente, los Tribunales de Familia solucionarían sus causas en dos audiencias, una preparatoria y otra resolutiva, que no se fijarían más allá de 30 días de interpuesta la denuncia.
El hecho evidente es que los Tribunales de Familia están colapsados. Los tiempos de espera que deben enfrentar las mujeres son de hasta ocho meses para ser citadas al Tribunal, lo que las deja desprotegidas y en riesgo, señala la Red Chilena Contra la Violencia Doméstica y Sexual en su Guía de recursos para la acción.
06/JO/GG
