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Presentan libro sobre la diversidad de las familias mexicanas

Por Guadalupe Cruz Jaimes

La política pública dirigida a la “protección” de las familias mexicanas, carece de un enfoque de derechos humanos que tome en cuenta las problemáticas que enfrentan en sus hogares derivadas de la desigualdad entre mujeres y hombres e intergeneracionales, así como la disparidad social y económica estructural.

Lo anterior, fue expuesto por especialistas en el tema, durante la presentación del libro “Familias en el siglo XXI: realidades diversas y políticas públicas”, en El Colegio de México.

Ivonne Szasz, investigadora y académica de dicho centro de estudios, señaló que la resistencia del gobierno federal para reconocer a las familias diversas, deriva en la violación de sus derechos humanos, ya que no hay una política pública que responda a sus necesidades.

A decir de la demógrafa, cuyas líneas de investigación abarcan el tema de género y derechos humanos, entre otros, “la construcción de una imagen única de familia, que no expresa la realidad social, invisibiliza la desigualdad en las relaciones de género, la carga de trabajo doméstico, la división genérica del mercado de trabajo, y las relaciones de poder, en general”.

De igual modo, refirió que concebir un solo modelo de familia como natural, anula del panorama nacional cambios sociales, por ejemplo, la mayor reinserción de las mujeres en el ámbito laboral, que requieren cambios en las políticas públicas, como la creación de servicios de cuidado infantil y para personas adultas mayores.

Al respecto, Emilio Álvarez Icaza Longoria, experto en derechos humanos, advirtió que la falta de políticas públicas que garanticen los derechos de las familias en el país es evidente, pues ni siquiera existe una secretaría de Estado, dedicada a este fin.

Álvarez Icaza, ex presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), señaló que el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), organismo a cargo, “es anacrónico, sin enfoque de derechos humanos, en el que cabe todo lo que a la esposa del mandatario se le ocurra”.

El gobierno federal “le ha dado la espalda” al rediseño institucional para la atención de las familias con un enfoque de derechos, como sí ocurre en otros países de la región como Brasil, donde se creó una secretaría de Estado.

A ello se suma la descoordinación entre el gobierno federal y los estados, “el DIF nacional intenta conciliar a los mecanismos estatales para ver cómo aplican la política”.

De acuerdo con el especialista en derechos humanos, es preciso que las políticas públicas tengan en cuenta la “construcción de la familia democrática en la que se respeten los derechos de sus integrantes en el ámbito privado y público”.

En este sentido, Clara Jusidman, directora fundadora de la organización Incide Social, indicó que para alcanzar una sociedad democrática es necesaria la creación de políticas públicas que garanticen el ejercicio de derechos en las familias, que las ayuden a superar la violencia estructural.

Un ejemplo de este tipo de violencia son las políticas públicas que elevan el costo de los productos básicos de sobrevivencia y mantienen los salarios en el mismo nivel. Así como la privatización de las guarderías, añadió la experta durante la presentación del texto, coordinado por las demógrafas Susana Lerner y Lucía Melgar.

En el libro “Familias en el siglo XXI: realidades diversas y políticas públicas”, recién publicado por El Colegio de México y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), es posible consultar este debate acerca de la diversidad de las familias mexicanas y la necesidad de políticas públicas acorde a sus necesidades, en voz de quienes se dedican a la investigación y de las y los actores sociales.

11/GCJ/LR

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