La resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) en el caso Campo Algodonero ayuda a profundizar el debate sobre la ineficacia e ineficiencia de los operadores del sistema de procuración de justicia y sobre las ventajas de tipificar el feminicidio como un delito, afirmó la abogada Imelda Marrufo Nava.
La también activista señaló que la sentencia –hecha publica el 10 de diciembre de 2009- que acusa al Estado mexicano de violar el derecho a la vida, integridad personal y libertad personal en perjuicio de Claudia Ivette González, Esmeralda Herrera Monreal y Laura Berenice Ramos, es una buena noticia porque condena hechos y busca que no se repitan.
Lo anterior, lo dijo durante la presentación de los libros: «Feminicidio» y «Reparaciones con perspectiva de género», auspiciada por el Colegio de la Frontera Norte (Colef) y la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), que se realizó en Ciudad Juárez y que contó con transmisión simultanea en el Colef de la ciudad de México.
Marrufo Nava, quien también es integrante de la organización Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez, dijo que la sentencia «se queda tímida» al calificar los hechos como violencia, sin asumir que se trata de feminicidio pero sin rechazar el término.
Al tiempo destacó que «la Corte interamericana dispone generar una mayor vigilancia de los operadores de justicia y de todas las instituciones con trabajos en torno al feminicidio».
VENTAJAS DE LA TIPIFICACIÓN
Al comentar el contenido del libro «Feminicidio», la activista enfatizó que éste analiza los escenarios de llegar a tipificarse como delito. Entre las ventajas destacó que ayudaría a reducir la impunidad, a tener un mayor control y seguimiento de los casos, así como prevenir la violencia feminicida.
La tipificación, continuó, también podría sancionar toda aquella violencia contra las mujeres oculta bajo denominaciones como la «violencia familiar».
REPARACIONES SENSIBLES AL GÉNERO
Al presentar la publicación «Reparaciones con perspectiva de género», Alan García, oficial de derechos humanos de OACNUDH México, comentó que pese a que el Estado mexicano está obligado a prevenir las violaciones a los derechos humanos de las mujeres, en la práctica no ocurre, por lo que las víctimas tienen que recurrir a la reparación del daño, misma que, dijo, tendría que ser con perspectiva de género.
El representante de la Organización de Naciones Unidas (ONU) afirmó que en el actual contexto mexicano, el desafío de las reparaciones consiste en que sean plenas y acordes a los principios básicos de la ONU, es decir, bajo las siguientes formas: restitución, indemnización económica, rehabilitación a través de servicios médicos y psicológicos, satisfacción, que se refiere a tomar medidas para que no continúen las violaciones y garantías de no repetición.
Finalmente consideró que la prioridad debe estar en la prevención y en la documentación de los casos para hacer frente a otros de violencia feminicida como los de Ciudad Juárez y Campo Algodonero.
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