La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) presentó hoy el “Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que afecten a personas migrantes y sujetas de protección internacional”.
El ministro presidente de la SCJN, Juan Silva Meza, enfatizó que en el protocolo se incluyeron principios de igualdad y no discriminación; no devolución, unidad familiar, no revictimización, interés superior de niñas, niños y adolescentes; gratuidad de los servicios, y la presunción de inocencia.
El documento que consta de 135 cuartillas cuenta con el apartado “No discriminación e igualdad”, en el que se asienta que las mujeres representan el 49 por ciento del total de las personas migrantes en el mundo, en su mayoría jóvenes y que algunas de ellas huyen de la discriminación o la violencia.
El protocolo establece que las mujeres migrantes que cruzan el territorio nacional están expuestas a violencia sexual, física y verbal, malas condiciones de empleo y a la trata de personas.
Se estima que 6 de cada 10 mujeres migrantes sufren violencia sexual durante su trayecto por nuestro país hacia Estados Unidos.
En el protocolo se recomienda a las y los jueces analizar los asuntos judiciales y las políticas migratorias con perspectiva de género, para garantizar el derecho a la igualdad para las mujeres.
La SCJN estableció que se debe reconocer que aunque una persona haya ingresado al país de forma irregular, pudo haber creado lazos familiares o laborales que le permitan permanecer en territorio nacional, por lo que es importante garantizar los derechos adquiridos.
Sobre la separación de niñas, niños y adolescentes de su núcleo familiar, el protocolo indica que sólo debe realizarse bajo una justificación clara, con una duración temporal y que deberán ser devueltos a su entorno familiar en cuanto las circunstancias lo permitan.
En caso de las familias de migrantes que lleguen al país con niñas, niños y adolescentes, se estipula que se debe aplicar el principio de unidad familiar fuera de la estación migratoria, es decir, que llevarán su proceso en libertad respetando así el interés superior de las y los menores de edad.
Para aquellas personas migrantes que estén huyendo de su país de origen porque su vida, seguridad o libertad se encuentren en peligro o que hayan sido víctimas de algún delito como la trata de personas, debe evitarse la solicitud reiterada de declaraciones, interrogatorios inquisitivos, procesos largos y diligencias innecesarias.
El protocolo convoca a que se garanticen servicios de un traductor o traductora cuando la persona migrante no conozca la lengua y tenga que ser interrogada, dar una declaración o conocer el contenido de una resolución que le afecte.
Asimismo se da especial importancia al respeto de la confidencialidad para las y los migrantes, por lo que informan que puede resultar conveniente que se prohíba la toma y difusión de fotografías o videos a los medios de comunicación, si esto afecta su dignidad, situación emocional o seguridad.
La SCJN encargó la coordinación del protocolo a Nancy Pérez García, directora de la organización civil Sin Fronteras, y la elaboración a Mónica Oehler Toca, responsable del Área de Defensoría, con la finalidad de orientar a las y los jueces en materia de Derechos Humanos y se facilite el acceso a la justicia a las y los migrantes.
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Presentan protocolo para que las migrantes accedan a la justicia
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