Hoy, la diputada perredista Maricela Contreras Julián presentará ante el pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) una iniciativa de ley para implantar como delito la esterilización forzada y para que se castigue con hasta siete años de prisión e inhabilitación para ejercer un cargo o profesión, ante el hecho de que personal médico suele practicarla «sin permiso de las mujeres».
La esterilización forzada es una operación quirúrgica, que se realiza sin consentimiento del o la paciente cuyo objetivo es privarlo de la facultad de procrear. Entre las mujeres la intervención más habitual es la ligadura de trompas de Falopio, aunque también es posible la histerectomía o extirpación del útero.
De acuerdo con un comunicado de prensa de la legisladora del Partido de la Revolución Democrática (PRD), en su mayoría, las mujeres a quienes les ha practicado este tipo de operaciones viven en condiciones de pobreza y pertenecen a pueblos indígenas. Las indígenas a las que más se les han violado sus derechos sexuales desde finales de la década pasada pertenecen a los estados de Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Veracruz.
En el 2000 destacó el llamado de 32 mujeres de Ayutla de los Libres, Guerrero, quienes por medio de la Organización Independiente de Pueblos Mixtecos y Tlapanecos enviaron una denuncia a las autoridades de salud y al ombudsman estatal con respecto a los peligros de que esta violación a sus derechos se convierta en método de los programas salud.
Esta es la razón por la que la diputada Contreras presentará la iniciativa, pues, según su comunicado, «este tipo de prácticas restringe el derecho constitucional de las mujeres a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y espaciamiento de sus hijos.»
Contreras Julián informó que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), en su Recomendación General 04, documentó que la esterilización forzada regularmente es practicada después de un parto, sin un consentimiento expreso y bajo la promesa de recibir algo a cambio.
Precisó que «aunque no existe un registro de esta problemática en el Distrito Federal, es necesario adoptar las medidas para proteger los derechos sexuales y reproductivos de las personas; no debemos esperar a que se presenten infinidad de casos en la ciudad para actuar.»
La propuesta de la legisladora local plantea agregar un capítulo al Código Penal del Distrito Federal con la finalidad de castigar a quien, sin el consentimiento de una persona, practique procedimientos quirúrgicos con el propósito de provocar esterilidad; asimismo, establece una sanción que va de cuatro a siete años de prisión y castigo pecuniario de 40 a 120 días de salario mínimo, más la reparación del daño.
Propone también la suspensión para ejercer la profesión y, para los servidores públicos, inhabilitación para el desempeño de empleo, cargo o comisión públicos por un tiempo igual al de la pena de prisión impuesta.
La perredista informó que la propuesta responde a una serie de recomendaciones hechas por organismos internacionales de derechos humanos a nuestro país, específicamente el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, que hizo un llamado a México para que adopte todas las medidas necesarias para poner fin a las esterilizaciones forzadas e investigar, procesar y castigar a los responsables.
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