En el marco del 60 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la vicepresidenta primera del Gobierno español, María Teresa Fernández de la Vega, presentó esta semana en la sede de Naciones Unidas en Nueva York el Plan Nacional de Derechos Humanos que el Consejo de Ministros aprobó el pasado viernes.
Este plan, que situará a España, junto a Suecia y Noruega, en la vanguardia mundial en esta materia, en palabras de De la Vega, contempla 172 medidas entre las que destaca la decisión del Gobierno de instalar cámaras en aquellas dependencias que reciban a detenidos en régimen de incomunicación, como es el caso de los terroristas; la eliminación de este régimen para menores de edad o la concesión de una autorización de residencia a aquellas mujeres víctimas de trata, entre otras, informó el portal de Canal Solidario.
En el ámbito internacional, España luchará por la abolición de la pena de muerte y la prevención de la tortura, mientras que promoverá la protección integral a las víctimas del terrorismo y la Alianza de Civilizaciones.
Con este plan, «España da un paso más en la defensa, promoción y fortalecimiento de los principios y objetivos que fundamentan la propia existencia de Naciones Unidas y la democracia española, afirmó De la Vega, quien añadió «queremos decirles que sabemos que no hemos terminado la lucha por los derechos y que no vamos a terminar nunca, informó el portal de noticias.
Fernández de la Vega realizó una visita de dos días a Naciones Unidas, en la que también celebró una reunión con el Secretario General de la organización, Ban Ki-moon, para tratar sobre la asistencia de éste último a la reunión internacional sobre seguridad alimentaria que España celebrará a finales de enero de 2009.
Además, la vicepresidenta explicó que trataron, entre otros asuntos, sobre el proceso de aprobación en la Asamblea General de la ONU de la construcción en Quart de Poblet (Valencia, sureste) de una base logística para los cascos azules de Naciones Unidas.
Se refirió del mismo modo a la candidatura presentada por su país para formar parte del Consejo de Derechos Humanos (CDH) de la ONU, con sede en Ginebra, y de la que dijo que cuenta con los apoyos suficientes para que pueda integrar el órgano cuando su composición se renueve en 2010.
Tenemos muchos apoyos, e importantes, y esperamos que podamos celebrarlo, observó Fernández de la Vega.
CRÍTICAS DE ONG DE DERECHOS HUMANOS
Algunas ONG, como las entidades y colectivos que trabajan por los derechos humanos en Cataluña han hecho públicas las últimas semanas algunas críticas al Plan, expresando que la difusión del borrador ha sido pobre y sesgada por lo que numerosas entidades de larga tradición de defensa de los derechos humanos, tanto a escala española como catalana, han quedado excluidas de la interlocución con el Gobierno sin ningún motivo aparente.
También señalan que al documento le falta una metodología clara que permita hablar de un verdadero plan de acción: objetivos, medidas calendarizadas, presupuesto.
Refieren, asimismo, que hay temas fundamentales a escala nacional que no aparecen o lo hacen de manera tangencial: el trato a inmigrantes; la reforma de la Ley de asilo; las recomendaciones de instancias internacionales respecto a la práctica de la tortura y los maltratos en comisarías y presiones; el acceso a una vivienda digna como un derechos humano fundamental; la incorporación del eje de derechos humanos en la política de cooperación al desarrollo, el compromiso firme por los derechos sociales y su exigibilidad en sede jurisdiccional…
En lo referente al seguimiento, sólo se apunta la creación de una comisión de seguimiento con participación de la sociedad civil, pero sin concretar cómo será la selección de sus miembros y el mandato que tendrá.
CONTRA LA TRATA DE MUJERES
El Consejo de Ministros aprobó también un plan contra la trata de mujeres que garantizará asistencia social y jurídica a las víctimas.
El Plan recoge 61 medidas que pretenden sensibilizar a la sociedad para promover reacciones de tolerancia cero contra los actos delictivos relacionados con la trata, combatir sus causas a través de políticas activas de cooperación con los países de origen, tránsito y destino, contar con la participación de las ONG para el desarrollo de medidas desde una perspectiva integral, asegurar la asistencia y protección a la víctima, y luchar decididamente contra tratantes y proxenetas.
Se reformará la ley de enjuiciamiento criminal para ampliar las medidas cautelares contra las organizaciones que se dedican a la trata y se creará un Fondo de Bienes decomisados procedentes de esta actividad, que irá destinado tanto a la asistencia de las víctimas como al fortalecimiento de la actuación policial contra este delito.
También se realizarán estudios sobre las consecuencias de la trata en sus víctimas, los diferentes modelos de intervención para la recuperación y el mapa de recursos existentes y se desarrollarán campañas de concienciación sobre la vulneración de los derechos fundamentales de las mujeres que ejercen la prostitución y de las víctimas de trata.
Además, se prevé la constitución de un Foro contra la Trata integrado por las administraciones públicas competentes, las ONG y otras institucionales implicadas en la asistencia a las víctimas y la lucha contra este delito para garantizar la coordinación y la coherencia de actuaciones desde una perspectiva integral.
08/VRI/CV
