Presión ciudadana contribuye a indagar corrupción en AL

Brasil y Guatemala son dos países de América Latina (AL) que hicieron frente a la corrupción en parte gracias al trabajo de sus fiscalías y de las comisiones investigadoras, pero también por la presión ciudadana.
 
El periodista guatemalteco y fundador del diario digital Plaza Pública, Enrique Naveda, y el secretario de Cooperación Internacional de la Procuraduría General de la República en Brasil, Carlos Bruno Ferrera da Silva, hablaron de procesos contra la corrupción en sus respectivas naciones.
 
En un conversatorio organizado por la Fundación Heinrich Böll explicaron que la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y la Procuraduría de Brasil, han realizado buenas prácticas para investigar y sancionar a políticos corruptos.
 
En el país centroamericano, en septiembre pasado el entonces presidente, Otto Pérez Molina, renunció al cargo por su probable participación en una red criminal denominada “La Línea”, en la que funcionarios y empresas privadas cometían fraude en las aduanas de la nación vecina.
 
Según Naveda, lo que sucede en su país podría no ser tan relevante, porque a pesar de tener en prisión preventiva al expresidente, se trata de un relevo de las élites políticas y si bien se están atacando puntos fuertes de la corrupción, en realidad la red continúa.
 
Incluso el periodista mencionó que la Constitución guatemalteca avala estas prácticas ilegales, ya que permite la creación de instituciones corporativas en las que funcionarios y empresarios deciden las leyes, los reglamentos y las regulaciones en diversas materias.
 
Naveda también dijo que la sociedad civil ha tenido un papel importante para exigir justicia, pero destacó que estos movimientos son “espontáneos y amorfos”, en los que mujeres y hombres de clase media han sacado su indignación, pero no hay una seguridad de su impacto.
 
Por otra parte, en Brasil –en julio pasado– el caso “Lava Jato” fue una investigación sobre los fraudes en los contratos de la empresa pública de petróleo y gas Petrobras, caso que incluso llevó a la cárcel al ex tesorero del gobernante Partido de los Trabajadores (PT) Joao Vaccari.
 
A decir de Ferrera da Silva, por ahora no hay evidencias contra la presidenta Dilma Rousseff ni su antecesor, Luiz Inácio Lula da Silva (ambos del PT), y contra quienes pesan acusaciones, políticas y sociales, de complicidad en este fraude.
 
También explicó que el trabajo de la Procuraduría del país sudamericano se fortaleció con los acuerdos de cooperación internacional y las unidades de inteligencia financiera, que detectan “operaciones sospechosas” en Brasil y otras naciones. 
 
Los casos expuestos por Naveda y Ferrera da Silva son distintos y han encontrado salidas que son tomadas como ejemplo para AL, pero en ambos las investigaciones continúan y están por verse los resultados y las implicaciones en caso de que se haga justicia.
 
15/AGM/RMB