Pretende Dominicana quitar nacionalidad a miles de mujeres

En el marco de la XII Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, que se celebra en República Dominicana desde el pasado martes y que concluye mañana, activistas urgieron al gobierno del país caribeño a dar marcha atrás a una resolución que quitaría la nacionalidad dominicana a miles de mujeres, niñas y niños de ascendencia haitiana.
 
Durante la inauguración del evento, un grupo de activistas alzó pancartas para denunciar las dificultadas a las que se enfrentan miles de mujeres, niñas y niños dominicanos de ascendencia haitiana, luego de que una sentencia del Tribunal Constitucional de Dominicana amenaza con despojar a las familias de su nacionalidad.
 
Desde 1929 hasta enero de 2010 la Constitución dominicana concedía la nacionalidad a las y los niños nacidos en territorio dominicano, a excepción de las y los hijos del personal diplomático.
 
En este lapso, miles de niñas y niños nacidos en República Dominicana, hijos de madres y padres inmigrantes haitianos sin documentos obtuvieron la nacionalidad y se les brindó un documento de identidad.
 
Sin embargo, en septiembre pasado el Tribunal Constitucional, mediante la sentencia TC/0168/13, estableció que las y los hijos de haitianos nacidos en territorio dominicano no tienen el derecho a un documento de identidad, toda vez que consideró que sus madres y padres, al ser inmigrantes irregulares, estaban en tránsito por el país, sin importar que las familias tengan una residencia de más de 20 años.
 
Esta resolución, violatoria de los derechos fundamentales de mujeres, niñas y niños y de los tratados internacionales signados por el Estado dominicano, pretende ser retroactiva desde 1929 y anular la nacionalidad de todas las personas registradas hasta la fecha, lo que afectaría a por lo menos cuatro generaciones de personas de origen dominicano con ascendencia haitiana.
 
Las activistas llamaron a los Estados de la región a exigir al gobierno dominicano retroceder en esta resolución, toda vez que no se puede tolerar, bajo ninguna circunstancia, la violación de derechos fundamentales, tales como el artículo 2 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
 
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