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Pretende militarización acallar descontento social

La militarización, pobreza, migración y marginación en Michoacán, provocó que las mujeres sean parte activa de los movimientos sociales para exigir respeto y cumplimiento a sus derechos básicos.

Las michoacanas no sólo son madres y trabajadoras del hogar, desde hace algunos años, son partícipes de las actividades económicas, comunitarias y parte activa de la lucha popular.

Se han quedado solas porque sus padres, hermanos, hijos y parejas migran hacia Estados Unidos. Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) indican que hasta el año 2000 esta era la segunda entidad con mayor número de población emigrante, un total de 165 mil 502 personas.

En la región se vive además, un conflicto de tierras que como consecuencia ha hecho que las mujeres se vean en la necesidad de organizarse no sólo para llevar el sustento diario de la familia, también para luchar por la tenencia de la tierra, exigir sus derechos humanos y conseguir una vida digna.

Las mujeres rurales, en su mayoría, desafían duras condiciones económicas, falta de servicios básicos como trabajo, salud, seguridad social, vivienda y educación, por lo que su mejor estrategia ha sido organizarse en un ambiente de impunidad e injusticia, que se enmarca en un contexto de militarización.

El despliegue militar en el estado se inició en julio de 2009, cuando tres mil 500 soldados fueron enviados para reforzar las acciones contra el crimen organizado. Desde entonces los elementos de las fuerzas armadas han tomado la ciudad, calles y carreteras con el objetivo principal de acabar con los cárteles de la droga.

Para las mujeres, estas acciones les recuerdan los casos de abusos de elementos del ejército, como los ocurridos en los municipios de Nocupétaro, Carácuaro y Huetamo, donde 4 mujeres de 3, 17 y 16 años de edad que fueron violadas por militares el 2, 3 y 4 de mayo de 2007.

O bien, su destino como botín de guerra, como sucedió en abril del año pasado, cuando tres mujeres fueron violadas sexualmente: dos en Pátzcuaro y una en Morelia, en cuyo caso los agresores dejaron un “narcomensaje” aludiendo a que era causa de las acciones tomadas en su contra.

Para una gran parte de las michoacanas esta situación provocó que se integraran en
organizaciones para denunciar sus condiciones de vida. La activista social María Dolores Morales Olmos explica que también es una forma de transformar un sistema que las “explota, encarcela, desaparece a personas, provoca desplazamientos forzados de población y militariza”.

Janahuy Paredes Lanchino es hija de un desaparecido forzado, Francisco Paredes Ruiz, que al igual que otros familiares de asesinados y desaparecidos, lucha por la presentación con vida de su padre, también por los derechos de todas y todos.

Uno de los movimientos que agrupa a mujeres y hombres descontentos con el Estado
policiaco-militar que vive la entidad es el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo
(FNLS), una organización nacional de carácter democrático e independiente que impulsa la lucha por los derechos humanos y el cambio social.

Para el FNLS, el gobierno criminaliza históricamente el movimiento social y el rechazo
ahora es más evidente y más significativo en un gobierno de izquierda, encabezado por el gobernador, Leonel Godoy Rangel, militante del Partido de la Revolución Democrática.

Para Susana Aguilar Pintor, integrante del FNLS, el grado de violencia contra las luchadoras sociales, desalienta su participación porque su lucha, trabajo y esfuerzo no es reconocido, ni por el estado, ni por la sociedad, e incluso ni por las propias mujeres, quienes son indiferentes o las califican de “no tener nada que hacer en su casa cuando salen a protestar”.

Como parte de las reflexiones del centenario del Día de la Mujer, esta organización se sumó a la serie de denuncias contra el Estado mexicano, por la violación a los derechos humanos ejercida hacia las mujeres, con el feminicidio y al no respetar el derecho a decidir sobre su cuerpo.

Pero no sólo eso, de acuerdo con Aguilar Pintor, el gobierno federal, a través de sus cuerpos policíacos y de las fuerzas armadas, criminaliza la protesta social, por ello son las mujeres quienes se unen a la lucha popular ante la militarización y los crímenes de lesa humanidad.

Para Blanca Estela Oseguera Torres, también del FNLS, la militarización sólo pretende acallar el descontento social: “nos suben los precios, bajan los salarios y nos traen a los militares”, afirma.

Por ello, en este mes conmemorativo, ella junto con otras mujeres y hombres alzó la voz para denunciar estas situaciones y demandar al Estado mexicano acciones contundentes y expeditas en cumplimiento de sus obligaciones de respetar, proteger y garantizar los derechos de la ciudadanía.

El tema de la situación de las mujeres aún no ocupa una parte importante en la agenda política ni en la de los medios de comunicación, aún menos el relacionado con sus luchas populares, advierte la periodista Patricia Monreal. El tema de las mujeres dentro de los movimientos sociales se maneja de forma escueta, pues ellas “no venden” más allá de las banalidades.

10/AGM/LR

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