Esposas de presidentes y gobernadores prometen ayudar a niños, mujeres y otros grupos sociales, pero hay un nuevo movimiento e interés, la política. Esto pareciera no tener ningún problema ya que se considera parte de las funciones que desempeñan como las consortes, las mujeres junto al poder.
Varias de las llamadas «primeras damas» de América Latina, manejan dinero del Estado para administrar programas asistenciales, pero pocas están obligadas a rendir cuentas de sus acciones, que en ocasiones mezclan lo público con lo privado.
Por eso se propone, según una cantidad creciente de observadores y legisladores, que se reglamente su papel.
Analistas han evaluado a las cónyuges de los mandatarios de varios países, empezando por Ecuador, México y Perú, quienes han aparecido salpicadas de sospechas de corrupción y acusaciones de tener una excesiva influencia política, ambiciones electorales y un afán por atraer los reflectores de los medios de comunicación.
En contraste, en Argentina se estrenó en esa posición una senadora que al parecer, romperá con los antecedentes de las primeras damas y la figura emblemática de Eva Duarte de Perón, «Evita»; mientras que en Chile, permanece una mujer que cosecha admiración en grupos feministas y filantrópicos.
En Brasil la primera dama no quiere saber nada de la política ni de programas asistenciales, mientras que en Venezuela quedó el recuerdo del intento de separarse del mandatario por incompatibilidad de caracteres.
Sin embargo, ninguna escapa de las revistas de sociales y algunas son las protagonistas de libros autobiográficos. A varias les han pedido guardar silencio, como a Ximena Bohórquez, esposa del presidente de Ecuador, Lucio Gutiérrez, a petición de su partido, por criticar el desempeño de funcionarios.
Aquí, el protagonismo de la señora Martha Sahagún y los aportes de dinero privado que recibe para sus planes de corte «asistencial», provocan críticas de organizaciones no gubernamentales, que ven en la fundación «Vamos México» un núcleo privilegiado que gracias a su cercanía con la presidencia, concentra el dinero de ayuda al desarrollo.
«Las ganas de tener poder para sí mismas» como lo dijo Sara Lovera, directora de la agencia de noticias Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC) apoyándose de la posición y cercanía como pareja presidencial, no es el problema, ni es que apoyen a sus maridos, sino que sientan el derecho de gobernar la nación en el mismo período que sus maridos y, algunas, el siguiente.
El caso de Mary Carmen Ramírez, esposa del gobernador de Tlaxcala que parecía diferente por el hecho de que ella es senadora y aspira a ser candidata para suceder en el puesto a su marido, tuvo que pasar a tribunales electorales para señalar que los procesos democráticos de su partido la ratificaban como candidata y rechazaban al candidato que el PRD había registrado.
Al PRD no le quedó más que quererse salir de la contienda para gobernador. Todo lo que aprovechó de reflectores y recursos hace que, honestamente, la equidad para las y los contrincantes no esté garantizada.
La ley no establece lo que deben o no hacer las esposas de los gobernantes ni en México ni en otro país de Latinoamérica. En casi todos, son la tradición y alguna normativa legal menor las que indican que la llamada primera dama debe concentrarse en labores sociales de corte asistencial. Y creo que el futuro atraerá a más.
Hay quienes encabezan múltiples fundaciones que apoyan a grupos vulnerables y brindan orientación familiar, pero que realizan su trabajo sin ejercer protagonismo ni estar acompañadas de un ejército de asesores y funcionarios. Si no hay ética, debe haber leyes que determinen los límites y la influencia y poder de las esposas de quienes gobiernan. La diferencia es entender si es ética política aspirar al mismo cargo de sus parejas en el mismo tiempo en que ellos están en funciones.
*Senadora e integrante de la Comisión de Equidad y Género de la Comisión Especial que dará seguimiento a los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez.
2004/LS/LR/SM
