Independientemente de lo que resuelva el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Subcomisión de Examen Previo de la Cámara de Diputados ya cuenta con los elementos suficientes para determinar procedente el juicio político a Mario Marín Torres, gobernador del Estado de Puebla, informó Valentina Batres Guadarrama, integrante de esta instancia legislativa.
La diputada federal por el PRD indicó que sería el próximo 30 de julio cuando la Subcomisión de Examen Previo podría tener el dictamen del proceso de juicio político en contra del gobernador de Puebla y, en consecuencia, la Cámara de Diputados tendría que instalar la Comisión Instructora para que desahogue lo que ya esta subcomisión determinó como procedente.
En entrevista a Cimacnoticias, la diputada del PRD adelantó que en esa fecha empezarían a ver las 30 solicitudes de juicio político que tuvieron lugar en la pasada Legislatura, la LIX; entre las que se encuentran los juicios políticos a los gobernadores de Puebla, Mario Marín, y Oaxaca, Ulises Ruiz.
Enfática aclaró que «como fracción parlamentaria (PRD) vamos a ayudar para, en la garantía de tener una reunión mínima al mes, podamos desahogar los casos que han perdido vigencia, que están estorbando, y atender rápidamente una demanda de la población y de la sociedad civil».
Nosotros, dijo Batres Guadarrama, hemos expresado que «no hay mayor motivo para seguir posponiendo la atención a la solicitud de juicio político a Mario Marin; mucho menos ahora que terminó la investigación que la comisión especial en la Suprema Corte ya dio a conocer».
La también integrante de la Comisión de Equidad y Género en San Lázaro hizo un llamado a las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) «revisar la necesidad de ver el caso de Lydia Cacho de manera integral» y no como se pretende: por un lado, el estatus que guarda el asunto de las redes de pederastia en nuestro país. Y por el otro, la violación de los derechos humanos a Lydia Cacho, en la que hay una presunción de responsabilidad bastante seria que hace el ministro encargado de la investigación Juan Silva Meza.
Señaló que «Lydia Cacho fue violada en sus derechos humanos, hubo abuso de parte del gobernador Mario Marín, y esto no es un asunto separado a la pederastia, al crimen organizado en el país, ya que la responsabilidad imputada al gobernador tiene que ver con el tema y con que usó los instrumentos y facultades que le otorga su encargo público para proteger a Kamel Nacif que es el presunto responsable de una de las redes de pederastia más importantes en México».
Para la diputada del grupo parlamentario del PRD el problema tiene que ver con la colusión e impunidad, de que se está valiendo este crimen organizado, así como de quienes están ayudándoles dentro de las estructura del gobierno federal.
Por lo que reiteró: «Sería sano que el tema no se divida en su estudio. Que no se vea por un lado el estatus que guarda el asunto de las redes de pederastia en nuestro país y la necesidad de modificar el marco jurídico; y por otro, la violación de derechos humanos a Lydia Cacho, en la cual hay una presunción de responsabilidad bastante seria que hace el ministro encargado de la investigación, Silva Meza».
Consideró, además, como otro punto el proceso en el que la SCJN va a determinar –en el pleno– si se acepta o no el informe y sus recomendaciones.
«En lo que a nosotros corresponde como Subcomisión de Examen Previo, independientemente de lo que resuelva el pleno de la Corte, el propio informe que presentó el ministro Silva Meza nos da los suficientes elementos para determinar procedente el juicio político contra el gobernador Mario Marín», subrayó.
La diputada Batres Guadarrama consideró una prioridad «por ser un mandato de la sociedad civil» no pasar por alto la impunidad, en que se ostentan gobernadores para ayudar al crimen organizado en este país, y que «violan derechos humanos para ayudar a sus cuates delincuentes».
La Subcomisión de Examen Previo está conformada por 13 diputados y una diputada de las comisiones de Gobernación y Justicia, la encabezan como copresidentes Diódoro Carrasco (PAN), de la primera, y César Camacho Quiroz (PRI), de la segunda.
Sus demás integrantes son, por la Comisión de Gobernación Valentína Batres Guadarrama (PRD), Francisco Javier Santos Arreola (PRD), Juan Enrique Barrios Rodríguez (PAN), Rogelio Carvajal Tejada (PAN), Alfonso Rolando Izquierdo (PRI), José Jesús Reyna García (PRI); y por la Comisión de Justicia Felipe Borrego Estrada (PAN), Arturo Flores Grande (PAN), Jesús de León Tello (PAN), Miguel Ángel Arellano Pulido (PRD), Raúl Cervantes Andrade (PRI) y Silvano Garay Ulloa (PT).
07/MLT/CV
