En Colombia aún se libra una batalla por el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, toda vez que el procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez, es un asiduo defensor de la vida desde la concepción y detractor de la interrupción del embarazo.
Organizaciones del país sudamericano denunciaron que el procurador Ordóñez y las procuradoras delegadas María Eugenia Carreño e Ilva Myriam Hoyos, distribuyeron documentos oficiales que contenían información incorrecta en temas de salud y derechos reproductivos de las mujeres.
En 2011 los funcionarios iniciaron una campaña en la que afirmaban que la anticoncepción de emergencia es abortiva, que las instituciones de salud y su personal tienen derecho a argumentar objeciones morales y religiosas para negar el aborto, y que en Colombia este procedimiento no es un derecho.
En respuesta a estas declaraciones, un grupo de organizaciones civiles como Women?s Link Worldwide y el Centro de Derechos Reproductivos acusó al procurador ante la justicia colombiana por proporcionar información inexacta y poco confiable sobre los derechos sexuales y reproductivos.
La prensa local informó que el pasado 12 de septiembre la Corte Constitucional de Colombia determinó que el procurador y las procuradoras delegadas violaron sus obligaciones como funcionarios públicos al dar información parcializada y ordenaron que rectificaran sus declaraciones.
Las organizaciones informaron que la Corte afirmó que las acciones de los funcionarios amenazaron el derecho a la dignidad, la vida, y la salud física y mental de las mujeres, así como su derecho a acceder a servicios de salud reproductiva.
En un comunicado, la directora regional para América Latina y el Caribe del Centro de Derechos Reproductivos, Mónica Arango, dijo que los funcionarios violaron la Constitución colombiana «al suministrar información falsa acerca de la salud reproductiva, poniendo en riesgo la salud de millones de mujeres».
Según las organizaciones feministas, durante los últimos años Colombia ha demostrado un compromiso creciente en la promoción y protección de los derechos de las mujeres.
El 10 de mayo de 2006 la Corte Constitucional colombiana estableció que el aborto era un derecho fundamental cuando la continuación del embarazo implicara un riesgo para la vida, la salud física o mental de la mujer, cuando éste fuera resultado de una conducta ilegal, o cuando existiera malformación del feto.
Sin embargo hasta ahora los funcionarios se niegan a acatar el fallo del tribunal colombiano, tan es así que las procuradoras delegadas Carreño y Hoyos presentaron sus cartas de renuncia luego de que se dio a conocer la sentencia que las obligaba a rectificar sus afirmaciones.
Por su parte, el procurador ?que pronto concluirá su gestión y aspira a reelegirse? anunció que pedirá la nulidad del fallo y que es respetuoso del ordenamiento jurídico y del derecho a la vida desde la concepción hasta la muerte, de las mujeres y de los que están por nacer.
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