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Los programas que buscan abatir la pobreza en América Latina (AL) a través del otorgamiento de apoyos económicos impiden a las mujeres la conquista de su autonomía personal, toda vez que perpetuán los roles tradicionales de género que las sitúan al frente del cuidado familiar.
De acuerdo con el informe “Los Bonos en la mira. Aporte y Carga para las Mujeres” -realizado por el Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe (OIG)- casi la totalidad de estos programas en la región contemplan a las mujeres únicamente desde su rol de madres y cuidadoras.
El OIG -dependiente, entre otras organizaciones internacionales de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)- informó que la mayoría de los Programas de Transferencias Condicionadas de ingresos (PTC) consideran a las mujeres como beneficiarias de ellos sin reconocer plenamente sus derechos como personas autónomas.
Es decir, el beneficio económico que se les otorga no tiene como objetivo cubrir directamente sus necesidades o condiciones como mujeres, sino que es otorgado –casi en su totalidad– a las jefas de familia, obligándolas a invertir el recurso en el cuidado y bienestar de sus hijas o hijos.
Mediante un análisis realizado a programas que se desarrollan en 19 países de AL –incluido México– se advierte que éstos condicionan a las mujeres para cumplir un determinado rol de género.
La maternidad se convierte en un requisito fundamental para acceder a ellos y quienes realmente obtienen los beneficios son sus hijas e hijos menores de edad dependientes de ellas por lo que éstas solamente actúan como beneficiarias operativas del programa.
Otra crítica es que no promueven la inserción de las mujeres al mercado de trabajo, condición -que de acuerdo con el estudio- es primordial para que puedan conquistar su autonomía personal. Por el contrario, dice, los beneficios están condicionados a la ausencia de cualquier otro ingreso, por lo que se les pide que no busquen o tengan un empleo y se dediquen al cuidado del hogar.
El informe reconoce que los PTC representan en muchos casos el primer ingreso económico formal de las mujeres que les ha permitido involucrarse en la toma de decisiones en sus hogares.
Sin embargo advierte que no deben perpetuar los roles tradicionales de género por lo que “resulta indispensable crear mecanismos que promuevan la participación de los padres en actividades de cuidado de sus hijas e hijos”.
Según estimaciones del informe en AL estos programas alcanzan la cobertura de más de 25 millones de hogares a los que pertenece el 20 por ciento de la población total en esta región (113 millones de personas) y suponen en promedio recursos equivalentes al 0.4 por ciento del Producto Interno Bruto.
En México este tipo de programas, comenzaron en 1997 con el Programa de Educación, Salud y Alimentación (Progresa) cuya finalidad era atender a familias en situación de pobreza; en 2001 adoptó el nombre de Oportunidades que actualmente asiste a 5.6 millones de hogares en los que viven más de 27 millones de personas, en su mayoría de zonas rurales.
El OIG depende de la CEPAL, del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), de la Entidad para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU-Mujeres) y de la Secretaría General Iberoamericana.
13/AZM/LGL
