En México, una Encuesta postelectoral realizada por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) reveló que una de cada tres personas beneficiadasde programas federales considera los apoyos que recibe no como un derecho, sino como producto de la buena voluntad de los gobernantes.
La Encuesta Nacional sobre la Protección de los Programas Sociales (ENAPP 2006), realizada a más de 9 mil mexicanas y mexicanos pobres, se llevó a cabo en las semanas posteriores a las elecciones federales del 2 de julio de 2006, informó Naciones Unidas a través de un comunicado.
Hasta las vísperas de las elecciones del 2 de julio hubo anuncios que asociaban los programas federales a la imagen de una persona, partido o gobierno, según declaran operadores locales de programas federales entrevistados para la encuesta.
Los gobiernos locales no informan sobre el destino de los recursos que se gastan en programas sociales y difunden los beneficios como si ellos los hubieran dado.
De los resultados de la encuesta surge que los beneficiarios de los programas sociales federales cuentan con bastante información sobre los candados instituidos en sus programas, por la existencia de acciones orientadas a difundir la existencia de dichos candados.
Sin embargo, es poca la información que tanto personas inscritas en los programas como otros mexicanos pobres reciben sobre los procedimientos para presentar una queja o radicar una denuncia por alguna irregularidad en el manejo de los programas.
DÁDIVAS
En los seis meses previos al 2 de julio, apenas dos de cada diez entrevistados pudo informarse sobre cómo presentar una denuncia relacionada con su programa. Esto contrasta con los siete de cada diez que recibieron información sobre las obligaciones que conlleva recibir un beneficio social.
De allí que alrededor de 30 por ciento de los encuestados crea que los programas sociales no están obligados a tener procedimientos para quejarse o que haya medios para denunciar a quienes piden el voto a cambio de un programa. Pocos recordaban las campañas de información sobre delitos electorales realizadas en vísperas de los comicios.
«Da que pensar, afirmó Thierry Lemaresquier, representante residente del PNUD, que un tercio de los mexicanos pobres entrevistados crea que los programas a los que pertenecen son una dádiva antes que un derecho al que acceden en razón de su condición».
Esto «revela es que hay un serio déficit de ciudadanía social en el país. A menos que se atienda, no habrá candado suficiente para evitar que gente sin escrúpulos busque sacar réditos políticos de las necesidades de los más pobres.»
Cuanto más pobre y menos escolarizado es quien responde, mayor es la tendencia a opinar que los programas dependen de la voluntad del gobierno en turno.
Es ésta la población (los más pobres, los menos instruidos, las y los adultos mayores) a la que deben dirigirse, de manera prioritaria, las campañas de información sobre los candados de los programas y de educación cívica sobre sus derechos como ciudadanos, dice la ONU. La mitad de los entrevistados dicen que en sus localidades no se informa qué programas sociales hay y quién puede recibirlos. Siete de cada diez sostienen que sus municipios tampoco dan a conocer cuánto gastan en programas sociales.
En cambio, una mayoría afirma que, con el fin de obtener dividendos electorales, autoridades de gobierno acostumbran difundir los beneficios de los programas como si provinieran de ellos mismos.
Sean o no beneficiarios de programas federales, las y los entrevistados de la ENAPP muestran escaso interés en la política, un marcado escepticismo sobre la posibilidad de influir en las decisiones de sus gobernantes y una actitud ambigua ante la ley y la democracia. La mitad prefiere un gobierno bueno aunque no haya sido electo a uno malo, pero ungido por el voto popular.
LAS CAMPAÑAS
Proporciones aun mayores (80 por ciento) consideran que las campañas electorales son demasiado largas y onerosas, prefiriendo ver menos anuncios y recursos destinados a financiarlas.
De los 342 operadores locales de programas federales entrevistados por la ENAPP, una cuarta parte dice que, hasta las vísperas de las pasadas elecciones, se mantuvo la publicidad de obras públicas y programas sociales, en violación al acuerdo de neutralidad dispuesto por el IFE en febrero 2006.
«Hay que poner coto a las actividades de candidatos, partidos y autoridades de cualquier orden que buscan asociar su imagen a la de un programa social exitoso. Campañas publicitarias de ese tipo deberían suspenderse desde el mismo inicio de todo proceso electoral,» enfatizó Thierry Lemaresquier.
Frente al reto de profundizar los logros en materia de organización del proceso electoral, Lemaresquier convocó a «superar la visión enfocada en el blindaje de programas sociales en épocas preelectorales y avanzar hacia una política pública de protección basada en criterios de transversalidad e integralidad (no limitada a un programa, dependencia u orden de gobierno), continuidad y permanencia (no limitada a períodos de elecciones) y equilibrio entre candados normativos, contrapesos institucionales y derechos ciudadanos.»
La ENAPP 2006 se llevó a cabo en el marco de un proyecto del PNUD, dedicado a reforzar los instrumentos de blindaje electoral de los programas sociales del gobierno federal y a prevenir la ocurrencia de acciones de inducción, condicionamiento, compra o coacción del voto mediante la utilización política de dichos programas.
07/GG
