Los programas e intervenciones sociales dirigidos a mujeres rurales o indígenas deben ir más allá de buscar que ellas accedan a recursos económicos o un microfinanciamiento, pues también deben modificar las estructuras sociales y psicológicas que en sus comunidades les impiden participar en la toma de decisiones.
En su estudio “Empoderamiento de la mujer rural; la experiencia de tres organizaciones sociales en México”, la economista e investigadora Mariana Carmona Ambriz y el maestro en Antropología Clément Crucifix, señalan que actualmente muchas de las intervenciones dirigidas a estas mujeres no están pensadas desde un enfoque integral.
Durante la presentación hoy de la investigación en la Cámara de Diputados, Clément Crucifix dijo que el concepto de empoderamiento debe ser entendido desde la visión y necesidades de las propias mujeres rurales, y no desde visiones prefabricadas con las que se tiende a pensar a las indígenas como “un grupo homogéneo”.
Explicó que mediante el análisis y visitas de campo a tres organizaciones civiles que trabajan a favor de las mujeres rurales y entrevistas a beneficiarias de programas sociales, pudieron conocer que las mujeres rurales viven el empoderamiento de diversas maneras.
“Se piensa el empoderamiento como autonomía respecto al esposo o la pareja, pero para muchas de ellas el empoderamiento era el logro de una mayor colaboración con el hombre o una mayor autonomía incluso con respecto a otras mujeres”, precisó.
Al recordar que entre las personas pobres las mujeres rurales padecen los indicadores de pobreza y rezagos más profundos, Crucifix enfatizó que muchos programas buscan dar apoyos económicos a las mujeres o ayudarlas a obtener recursos propios o financiamiento, pero la forma en la que son segregadas o discriminadas en sus comunidades va más allá del aspecto económico.
En la publicación editada por la Asociación Mexicana de Uniones de Crédito del Sector Social (AMUCSS) se establece que “el empoderamiento es un proceso mediante el cual se remueven las barreras económicas, socio-culturales y psicológicas para lograr la autogestión o la autonomía personal”.
En tanto, Mariana Carmona dijo que actualmente las organizaciones sociales –que llevan la carga más pesada de labores a favor de las mujeres rurales e indígenas– no están recibiendo el apoyo gubernamental, económico e internacional que necesitan y se enfrentan a diversas barreras para continuar con sus objetivos.
Ello porque las políticas públicas y programas que ofrecen recursos a organizaciones se encuentran segmentadas y sectorizadas, y “son convocatorias que les meten una camisa de fuerza y acaba pasando que la organización se tiene que adaptar a las metas del programa y no que la política pública atienda cuáles son las metas de la transformación local”.
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