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Prometen fondo de ayuda para víctimas de violación en Kenia

Por Agnes Odhiambo*
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La hermana adolescente de Owuor P. hizo todo lo posible por realizarse un aborto cuando se dio cuenta de que estaba embarazada tras haber sido violada por varios hombres, durante la violencia postelectoral que se desató en Kenia entre 2007 y 2008.
 
“No estamos seguros de cuántos la violaron”, contó Owuor a IPS. “Ella nos dijo que vio a tres hombres antes de desmayarse. Estaba callada casi todo el tiempo después de la violación”, acotó.
 
Sumida en la desesperación, Nekesa, de 16 años, se suicidó después del parto; ahora Owuor cría al bebé que sobrevivió aunque con graves deficiencias intelectuales, mientras todavía sufre por la pérdida de su hermana.
 
La legislación de Kenia prohíbe el aborto salvo que esté en riesgo la vida de la madre, lo que hace que la familia de Nekesa, al igual que cientos de mujeres y niñas violadas durante la violencia postelectoral, se vean obligadas a vivir con las terribles consecuencias de embarazos no deseados.
 
De las entrevistas que se hicieron para la investigación de Human Rights Watch (HRW) a 163 mujeres y niñas que sufrieron la violencia sexual en ese periodo se constató que cientos de ellas todavía padecen graves lesiones físicas y emocionales, además de pobreza y exclusión social.
 
El informe “Espero sentada a la muerte: reparaciones para sobrevivientes de la violencia sexual postelectoral en Kenia de 2007 a 2008” revela que el gobierno de Kenia no reconoció como corresponde a ese grupo de víctimas, ni les ofrece justicia ni los servicios de salud que les urgen.
 
La violencia que se desató en Kenia hace unos ocho años dejó mil 133 personas muertas y otras 600 mil desplazadas. Muchas de ellas quedaron con lesiones de por vida.
 
Además, hubo una destrucción generalizada y saqueos de casas y otras propiedades, así como la expulsión de la gente de sus casas.
 
Pero la violencia sexual contra mujeres y niñas, y en menor medida contra hombres y niños, fue menos visible que otros abusos, aunque igualmente devastadora.
 
Entre las mujeres y niñas entrevistadas, 37 quedaron embarazadas a raíz de la violación, y ninguna pudo acceder a servicios de aborto. Algunas se practicaron intervenciones ilegales e inseguras y, ocho años después, todavía están lidiando con las consecuencias sanitarias. Otras confesaron sus sentimientos de vergüenza y culpa por el estigma en torno al aborto en este país del este africano.
 
También pudimos conversar con mujeres que parieron y que viven con sentimientos ambiguos y encontrados hacia sus hijos, quienes también sufren el estigma, el rechazo y abusos físicos y verbales de sus propias familias.
 
Adhiambo, violada y golpeada por un grupo de hombres hasta que quedó inconsciente, hace poco comenzó a recibir asistencia psicológica y pudo mejorar la relación con su hija.
 
Muchas mujeres con hijos nacidos producto de una violación también compartieron su experiencia y sus sentimientos de amor y odio hacia sus hijos. Y muchas familias contaron cómo se hacen cargo de niñas y niños cuyas madres violadas no pudieron aceptar ni cuidar de ellos.
 
Durante la violencia postelectoral en Kenia y en otros países donde es común la violencia sexual vinculada a conflictos locales, las organizaciones humanitarias se esforzaron por ayudar a las mujeres para que recibieran cuidados en esas difíciles circunstancias.
 
Pero un elemento fundamental de la atención de mujeres violadas, la posibilidad de practicarse un aborto en condiciones seguras, es inalcanzable, lo que las deja sin posibilidades de tomar decisiones de manera informada sobre su salud y sus vidas tras episodios de violencia sexual.
 
En enero, la Comisión Africana sobre Derechos Humanos y de los Pueblos lanzó una campaña continental contra la discriminación del aborto en África, centrada en las condiciones inseguras de abortos, que atentan contra los derechos sexuales y reproductivos de mujeres y niñas.
 
Si los gobiernos se toman en serio las necesidades sanitarias de mujeres y niñas violadas en conflictos, deben incluir la atención posterior a la violencia sexual y tomar las medidas necesarias para atender a todas las que la necesiten.
 
El gobierno de Kenia debe revisar las leyes restrictivas en materia de aborto para asegurarse de que las mujeres que quedaron embarazadas tras una violación puedan interrumpir el embarazo en condiciones seguras.
 
Quizá haya una luz de esperanza para algunas de las mujeres entrevistadas, y tal vez también para sus hijas e hijos.
 
En 2015, el presidente Uhuru Kenyatta prometió crear un fondo de indemnización para las víctimas. La iniciativa debe llevarse a cabo de forma rápida y transparente, y las mujeres deben participar en la decisión de cómo utilizar el dinero.
 
Los recursos deben asignarse de forma urgente para atender las necesidades prioritarias en materia de atención médica para las sobrevivientes y las necesidades de sus hijos.
 
No todas las mujeres que quedaron embarazadas a raíz de una violación van a optar por interrumpir la gestación, pero todas merecen la posibilidad de decidir y recibir el apoyo y la atención médica que necesitan.
 
*Este artículo fue publicado originalmente por la agencia internacional de noticias IPS.
 
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