Inicio Proponen incluir violencia política de género en ley de Veracruz

Proponen incluir violencia política de género en ley de Veracruz

Por la Redacción

Para incorporar en la legislación del estado de Veracruz la violencia política en razón de género, y ayudar así a combatir esta práctica que afecta a las mujeres que buscan algún puesto público, la diputada local Mónica Robles Barajas presentó una iniciativa para reformar el artículo 8 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en la entidad.
 
En sesión del Congreso estatal, la presidenta de la Comisión Permanente para la Igualdad de Género, dijo que el concepto de violencia política en razón de género aparece después de que las mujeres incursionan en política.
 
La propuesta legislativa, turnada a las comisiones permanentes unidas de Justicia y Puntos Constitucionales, y para la Igualdad de Género, indica que incurriría en ese delito quien obligue a las mujeres, por razones de género, a realizar u omitir actos diferentes a las funciones públicas establecidas en los ordenamientos jurídicos.
 
También sería violencia política dar a las mujeres candidatas o electas, titulares o suplentes o designadas para una función pública, “mediante el engaño o fraude, información falsa, o imprecisa que induzca al inadecuado ejercicio de sus funciones políticas públicas”.
 
Igualmente, evitar por cualquier medio que las mujeres electas, titulares o suplentes o nombradas para una función pública, asistan a las sesiones ordinarias o extraordinarias o a cualquier otra actividad que implique la toma de decisiones, impidiendo o suprimiendo el derecho a voz y voto en igualdad de condiciones con los hombres.
 
La propuesta considera como violencia política de género proporcionar al Organismo Público Local Electoral datos falsos o información incompleta o errónea de la identidad de la o candidatas a algún cargo de elección popular, para limitar o impedir su participación.
 
Asimismo, publicar o revelar información personal, privada o falsa, de las mujeres candidatas, electas, designadas o en el ejercicio de su representación política, con el objetivo de difamar o menoscabar su dignidad humana y obtener con estas acciones la renuncia o licencia al cargo electo o en ejercicio.
 
También se estipula como violencia obligar, intimidar o amenazar a suscribir documentos, a participar de proyectos o adoptar decisiones en contra de su voluntad o del interés público, aprovechándose de su representación política.
 
Robles Barajas apuntó que en la Legislatura estatal las diputadas representan tan sólo 26 por ciento, pero esta participación es aún mucho menor en las presidencias municipales, donde únicamente encabezan el 12.7 por ciento de los ayuntamientos.
 
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