La senadora del Partido Acción Nacional (PAN), Martha Cecilia Márquez Alvarado, propuso reformar el Código Penal Federal para aumentar la pena de hasta cinco años de prisión a quien incumpla su obligación de dar pensión alimenticia.
Actualmente las personas, en su mayoría hombres, que sin motivo dejan de dar la pensión alimenticia pueden ser castigadas con sanciones de un mes a cinco años de prisión y quienes dolosamente reducen sus ingresos para eludir su obligación pueden tener una pena de seis meses a tres años de prisión.
La senadora Márquez Alvarado propuso reformar los Artículos 336 y 336 Bis para aumentar la sanción y que sea de uno a cinco años de prisión, o de 200 a 380 días multa; o bien, si el incumplimiento es con dolo que sea de uno a tres años de prisión.
La iniciativa de la legisladora también establece que las investigaciones y denuncias por incumplimiento de obligaciones alimentarias no prescribirán y en los casos que se compruebe dolo para no dar la pensión alimenticia, las obligaciones alimentarias serán retroactivas.
Al exponer su propuesta en la Comisión Permanente del Congreso, la senadora, dijo que de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) se estima que en México 67.5 por ciento de las madres solteras no reciben pensión alimenticia y 3 de cada 4 hijas e hijos de padres separados tampoco la reciben.
Esto a pesar de que en 91 por ciento de los casos las y los hijos son los beneficiarios de los alimentos.
De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en el 2016 se registraron 25 mil 624 denuncias por incumplimiento de pensión alimenticia. Las entidades con más denuncias fueron Sonora, Estado de México, Tamaulipas, Tabasco, Chihuahua, Baja California y Guanajuato.
La senadora mencionó que cifras del Inegi indican que de 2000 a 2015 los divorcios en el país se incrementaron hasta en 132 por ciento, lo que trae consigo el incremento del incumplimiento de pensión alimenticia, dejando en incertidumbre el bienestar y el derecho a la alimentación de niñas, niños y adolescentes.
Ante este incremento de denuncias en torno a la pensión alimenticia, consideró, los juzgados deben de hacer más eficientes las resoluciones y las investigaciones por incumplimiento de pensión alimenticia, para sancionar y castigar a las personas responsables.
La propuesta reconoce que el Pacto Internacional sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales reconoce el derecho a recibir alimentos, como un derecho fundamental y que México forma parte de la Convención Interamericana sobre Obligaciones Alimentarias.
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Justicia de la Cámara de Senadores.
La pensión alimenticia puede ser retroactiva, como lo declaró la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) febrero de 2017 en el amparo en revisión 1388/2016, sobre una mujer, mayor de edad, que demandó a su progenitor el pago de la pensión alimenticia que no recibió durante su infancia.
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