En México, dedicarse a la prostitución es sinónimo de estigma y discriminación. Por ello, no existen estadísticas confiables sobre el número de trabajadoras sexuales que ofrecen sus servicios y son pocos los estudios que describen la problemática de estas mujeres.
«Después de que mucha gente vivió de nosotras, ahora no tenemos para vivir. Y eso que dicen los políticos de que en México ya no hay hambre, yo les digo que en la Merced hay y mucha», asegura Carmen Muñoz, trabajadora sexual independiente de la tercera edad de la zona de la Merced.
Según un estudio de la antropóloga Marta Lamas, el marco legal que reglamenta el trabajo sexual o prostitución en cada país puede ser de tres tipos.
El primero es el régimen abolicionista que se creó cuando gobiernos europeos optaron por la abolición de los centros de tolerancia como prostíbulos o casas de citas. Aunque la prostitución no se persigue ni se prohíbe, tampoco se le reconoce legalmente, es decir hace como que no existe.
Su objetivo es perseguir a los mediadores, padrotes o chulos y acabar con el lenocinio que es la acción de mediar en el establecimiento relaciones amorosas irregulares entre hombres y mujeres.
De acuerdo con este análisis, desde que el gobierno de Lázaro Cárdenas suscribió los convenios abolicionistas impulsados por la Federación Abolicionista Internacional, con sede en Ginebra, en la Ciudad de México entró en vigor este régimen y en varios estados del país, se defendió dicha reglamentación que hasta la fecha sigue vigente.
Otro tipo de régimen es el reglamentarismo, que implica que el Estado acepta la existencia del trabajo sexual como un mal menor y establece un control sobre las personas que se dedican a esta actividad.
Uno de los cuestionamientos principales contra este sistema es la marca social que supone ser prostituta. Para la especialista, el reglamentarismo es efectivo cuando se les permite a las mujeres registrarse con un nombre falso o de «batalla» y proteger su verdadera identidad, ya que la mayoría de ellas, antes de aceptar el estigma de prostituta legal, prefieren trabajar en la clandestinidad. El caso más exitoso de este tipo de sistema es Holanda.
El tercer régimen es la despenalización el cual implica que el ejercicio de la prostitución queda fuera del código penal, con la posibilidad de establecer controles sanitarios y fiscales.
Desde esta perspectiva, Marta Lamas explica que como el Código Penal para la Ciudad de México sólo señala el delito de lenocinio y no la prostitución, supuestamente existe una despenalización.
Sin embargo, la realidad es otra ya que el trabajo sexual está reglamentado de manera informal y no hay posibilidad de que las trabajadoras se independicen de quienes las controlan y sacan provecho de su situación.
Estas personas, que pueden ser hombres o mujeres, existen y los hay de diversos rangos. Los de altura que manejan artistas, modelos y edecanes, «call girls» para políticos y empresarios. En la parte media están los dueños de bares y estéticas, y más abajo, los dueños de hoteles y representantes de los puntos donde están las trabajadoras sexuales.
La especialista también señala que actualmente las trabajadoras sexuales no pueden tener un departamento y trabajar en él, pues aquella que tiene el contrato a su nombre sería acusada de lenona.
Por esta razón, gran número de mujeres en la Ciudad de México trabajan en la vía pública o entran en los circuitos organizados de la prostitución. Así, trabajar de forma independiente resulta muy difícil por lo que las trabajadoras sexuales aceptan ser manejadas por otras personas.
Asimismo, como el lenocinio está prohibido, los prostíbulos también lo están. Esto provoca, que por lo general, sean clandestinos o que como en el caso de la versión moderna de las estéticas, estén encubiertos con apariencia legal.
La transición de las tradicionales casas de citas a las estéticas modernas se da a principios de lo década de los setenta en el Distrito Federal, y los únicos prostíbulos visibles que quedan desde entonces se localizan en mercados.
La antropóloga describe estos locales como grandes y sórdidos cuartos con espacios divididos por cortinas donde los dueños cobran a las trabajadoras sexuales 50 por ciento de lo que paga el cliente.
La consecuencia de esta situación es la corrupción de las autoridades policiacas y delegacionales que las dejan trabajar a cambio de sobornos económicos.
Hoy en día, las trabajadoras sexuales que ejercen en la vía pública, van a hoteles. El negocio es impresionante y hay algunos donde las trabajadoras viven y se maneja una especie de tienda de raya por lo que siempre están en deuda con el hotel.
Por ello, finaliza Marta Lamas, para lo único que sirve el artículo sobre lenocinio en el código penal es para controlar a las trabajadoras sexuales que quieren organizarse de forma independiente.
2005/MP/SJ
