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Protesta grupo civil por trato a niña nicaragüense embarazada

Por Silvia Magally

Dirigentes del grupo civil Católicas por el Derecho a Decidir (CDD), entregaron hoy una carta a personal de la embajada de Nicaragua en México, en la que acusan a las autoridades de salud del país centroamericano de cometer un acto inhumano y violatorio de los derechos de Rosa, la niña de nueve años que abortó después de quedar embarazada como producto de una violación.

Al filo de las 13:00 horas locales, unas 20 activistas, encabezadas por su presidenta María Consuelo Mejía, acudieron a la representación diplomática y acompañadas de los representantes de los medios de comunicación fueron recibidas por el consejero Juan Carlos Gutiérrez, en ausencia del embajador Alvaro Sevilla.

El consejero se limitó a escuchar a Guadalupe Cruz, coordinadora de CDD, y ofreció hacer entrega de la misiva a sus destinatarios: el embajador de Nicaragua en México, al presidente nicaragüense Enrique Bolaños y al arzobispo de aquel país, Miguel Ovando y Bravo.

De esta forma, las católicas protestaron porque la menor no fue atendida en ningún hospital público para la interrupción de su embarazo, a pesar de que es permitido por la legislación de aquella nación en caso de violación, entre otros.

CDD demandó al gobierno de Enrique Boñalos cumplir con los compromisos adquiridos en la Conferencia Mundial Sobre Población y Desarrollo, realizada en El Cairo en 1995, y eliminar en este caso la discriminación hacia las niñas.

Nervioso, el consejero de la embajada escuchaba los reclamos de las católicas, aunque optó por guardar silencio ante el llamado de María Consuelo Mejía en representación de la Red Latinoamericana de Católicas por el Derecho a Decidir, de abrir el diálogo en su país en torno a problemáticas tan severas como es la violación de los derechos humanos de las mujeres y las niñas.

ACUSAN DE CEGUERA A LA IGLESIA CATOLICA

“No es posible, que nuestra jerarquía siga ciega ante la dramática realidad de las niñas que se ven sujetas al abuso sexual y a la violencia física y emocional por el sólo hecho de ser niñas” dice una parte del texto con relación a la excomunión que hizo la iglesia en Nicaragua de Rosa, su familia y de quienes participaron en la interrupción del embarazo.

Explicaron en la carta y también a los representantes de los medios de comunicación que en este caso no se aplicó la ley de la iglesia , ya que de acuerdo con el Código de Derecho Canónico, no se aplica la pena de excomunión a menores de 16 años o a quienes actuaron movidos por el miedo.

Más aún, este mismo código en sus cánones 1321, 1323 y 1324, establece atenuantes que exculpan de la pena de excomunión a la gran mayoría de las mujeres que abortan.

Así, demandaron a las autoridades de salud y al gobierno nicaragüense no sujetarse a ninguna confesión religiosa, sino a la atención de la salud de la población siguiendo criterios estrictamente médicos y sin ninguna discriminación.

Se pronunciaron por despenalizar el aborto en casos de violación en todos los países latinoamericanos y llamaron a la iglesia para que en todo caso, excomulguen a obispos, sacerdotes pederastas violadores de niñas, niños, jóvenes o religiosas, para quienes también pidieron juicio penal.

Las activistas informaron que se llevarán a cabo acciones similares en Bolivia, Brasil, Buenos Aires, Colombia y Argentina.

En rueda de prensa a las puertas de la embajada, Pilar Sánchez, vocera de CCD, informó que la misma carta será entregada al nuncio apostólico, Giusseppe Bertello, en tanto que la presidenta de la organización no gubernamental, lamentó el manejo “doloso” de la legislación eclesiástica que hizo la jerarquía en Nicaragua en el caso de Rosa.

SM/MEL

       
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