Después de marchar del Paseo Bravo al zócalo de esta ciudad, pobladores de Azumiatla, la mayoría campesinas amas de casa integrantes del Frente para la Defensa de la Tierra y el Agua Puebla Tlaxcala, iniciaron ayer un plantón indefinido frente al Ayuntamiento para exigir la liberación de presos y advirtieron que se retirarán hasta que así lo resuelva el Juez primero de lo penal, Javier Sánchez, pues «se ha demostrado la inocencia de cada campesino arrestado».
Azumiatla vivió la madrugada del sábado 24 de abril la violencia policíaca más brutal y atroz que los pobladores recuerden. Por lo menos 600 agentes de las policías Municipal, Estatal, Metropolitana y Judicial del estado de Puebla se enfrentaron al campesinado de la comunidad. Hubo golpizas, detenciones arbitrarias, como la de Carmela Romero Santamaría, una mujer embarazada, incomunicaciones, allanamientos de morada y robo de pertenencias.
El plantón se realiza en el centro de la ciudad luego de que el Gobierno poblano, a cargo de Mario Marín, incumplió el compromiso ante la comisión investigadora el pasado jueves para liberar a las personas detenidas durante los operativos policíacos.
La brutalidad que caracterizó a los operativos tenía como fin una espectacular escena de rescate para 2 topógrafos y un funcionario de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que realizaban mediciones sin permiso de las y los pobladores en un ejido de 546 hectáreas, pese a que existe una Resolución Presidencial a favor del ejido.
Hace meses, esta extensión quedó asentada en el Registro de la Propiedad a nombre de un particular que nadie ubica y el trámite fue legalizado en la Notaría 1 de Tecali de Herrera de Alberto Esteban Morelos, director general de Gobierno en la administración del entonces gobernador Mariano Piña Olaya y en el 2002 subsecretario de Enlace Institucional y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación.
LA SUPERVIVENCIA
Las mujeres denunciaron que de súbito fueron involucradas en la lógica de la corrupción del penal, pues han tenido que pagar por ver a sus familiares, «con un billete bajo la credencial de elector», y dan cuenta de la tarifa para evitar que los hombres sean golpeados, para que usen el baño, para que se bañen y para que puedan dormir, aparte, hay una cuota para cobijas, agua potable y ver televisión.
Las madres y esposas denunciaron las condiciones de los 16 campesinos que esperan la sentencia del penal. «El custodio se acercó a nosotros y me dijo que debía poner una moneda de diez pesos mínimo, bajo la credencial de elector para pasar» explica Cleotilde Santa María que acaba de cumplir 87 años y visita a su hijo Anastasio Romero, albañil.
«Es para que la cámara no pueda ver» dice Cleotilde, que ha pagado por lo menos 7 mil pesos al abogado, pero no todo el dinero ha sido para su defensa, «lo conseguí prestado, es para que no le peguen» dice.
La mujer, que usa en su narración palabras en nahuatl, relata que visita tres veces por semana «al hijo que le ayuda», asegura que detesta ir al penal y que no deja de llorar cuando lo hace. «Me voy a quedar, aquí tengo mi nylon», señala refiriéndose al plástico que la protege de la intemperie.
Cada familiar de los 16 presos ha gastado en cuotas semanales por lo menos mil pesos para asegurar la sobrevivencia dentro del Centro de Readaptación Social de San Miguel, pero ésta no es la única implicación de las familias de escasos recursos.
‘Tino’ tiene 12 años y su madre y padre están presos. Ha tenido que dejar la escuela primaria de la que se graduaría este ciclo escolar. Hijo de Rufina Escalona Nava y Fabián Orta Escalona, cuida borregos y es repartidor, explica la hermana de Rufina, Gregoria Escalona.
«Además tenemos que cuidar a los otros 3 pequeñitos, hermanos de Tino. Yo los veo dos veces por semana y les llevo de comer», señala Gregoria.
También cuenta que a su cuñado Fabián, contratado como chofer de los autobuses de San Ramón, aún le duele la pierna y el pie que fue dislocado mientras era golpeado «hemos dado dinero a los custodios, para ir al baño les cobran dos pesos, por las cobijas 20; la renta es diaria, tenemos que llevar por visita cerca de 200 pesos para que pueda estar bien, por eso no hemos podido comprar las medicinas, ya cuando salga, pues veremos»
Esther, esposa de Eleuterio Romero Alameda, ha pagado su sobrevivencia vendiendo bolsas de ixtle en los mercados. El ingreso de Eleuterio como albañil era el único aporte a la familia. Sin embargo, la principal preocupación de Esther, madre de tres niños, es que «mi hijo se va a inaugurar de la escuela y él no estará para verlo».
Los 3 hijos de EutiquioAlameda Fuentes han dejado de ir a la escuela, el campesino, ahora preso, ganaba mensualmente 5 mil pesos, su esposa ahora tiene que reunir el dinero suficiente para llevar el dinero al penal, señaló Lorenzo Alameda, padre de Eutiquio, también campesino.
Lorenzo invierte por lo menos 30 pesos en pasaje de Azumiatla al Penal de San Miguel en la zona oriente de la ciudad, lo ve 3 veces por semana para llevarle 300 pesos para que pueda ir al baño y tenga una cobija para cubrirse.
Julia ha tenido que triplicar su jornada en la venta de tortillas, porque su esposo Calixto Romero, detenido el pasado 24 abril en el brutal operativo policíaco, fue lastimado y no ha sido atendido. Tampoco ha podido cubrir la cuota para los analgésicos. «pago para que no le peguen y para lo indispensable», acusó.
Los campesinos presos han confiado a sus familiares que las terapias psicológicas que reciben insisten: «Ya ven, ya no se metan en problemas», «miren lo que les pasa, por violentos», «mejor es estar en paz, ninguna tierra vale esto, ¿o si?».
TORTURA Y CONFESIÓN
En tanto, el periodo de «aceptación de pruebas» concluyó para las y los detenidos: 17 campesinos capturados, entre ellos Carmela Romero Santamaría, una mujer embarazada, Job Romero, un menor de edad y su abuelo Calixto Romero Alameda de 70 años de edad, que salían del circo esa noche y se quedaron presenciando la «otra escena».
El campesinado detenido no sólo ha tenido que enfrentar procesos irregulares y abusos, también la aplicación facciosa de las leyes como la invención del delito motín en sentencias tan desproporcionadas que no alcanzaron fianza, señalan.
Y es que esa fatídica noche se cerró el proceso porque, curiosamente, todos firmaron sus confesiones de culpabilidad ya que fueron torturados para hacerlo, indica el informe de la Comisión Investigadora de los Hechos Violentos Registrados en Azumiatla, integrada por José Antonio Díaz García y Francisco Fraile, del Partido Acción Nacional (PAN); Alberto Amador Leal, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), y Salvador Ruiz Sánchez, del Partido de la Revolución Democrática (PRD) el pasado martes ante la comunidad.
Cabe citar que Alberto Esteban Morelos, quien legalizó el ejido a nombre de un particular desconocido, ha sido acusado reiteradamente, según en registros periodísticos de 1991 y 1992, por comisarios ejidales, campesinos y ejidatarios pobladores afectados con las expropiaciones de la zona conocida como Angelópolis, cuando fungió como funcionario en el gobierno piñaolayista, primero como director general de Gobierno y después como director del Instituto Poblano de la Vivienda.
09/KC/GG
