En el contexto del Examen Periódico Universal (EPU), que se celebra en Ginebra, Suiza, y donde se evaluará si el Estado mexicano cumple con sus obligaciones y compromisos internacionales en materia de derechos humanos, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) reafirma su preocupación por la persistencia a la violación sistemática de los derechos humanos de las mujeres, en especial la falta de acceso a la justicia y la permisibilidad del Estado.
En un comunicado emitido hoy, el Observatorio –conformado por 43 organizaciones en 17 estados del país– recuerda que el Comité de la CEDAW encomendó a México acelerar la adopción de la reforma al Código Penal para definir el delito específico de feminicidio, así como la elaboración de un Registro Nacional de Mujeres Asesinadas y Desaparecidas, los cuales a la fecha no han sido considerados.
En noviembre del año pasado el Observatorio emitió el Informe «Una Mirada al Feminicidio en México» donde se indica que en trece entidades de la República Mexicana 190 mujeres fueron asesinadas violentamente, las cuales fueron sometidas a diversos actos de tortura como golpes, cortaduras, ataduras; 229 mujeres murieron a manos de su pareja donde se reafirma la dominación, posición y control de los agresores hacia las víctimas, y aún peor en 288 asesinatos violentos se desconocen los motivos que dieron origen a la muerte y la información relativa a la identidad de los victimarios; en la mayoría de los casos, los asesinatos continúan impunes.
A pesar de que la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia representa un avance en materia de derechos humanos para la mujer, dice el Observatorio, la falta de implementación y efectividad de la Ley radica en la discapacidad de los mecanismos diseñados para su cumplimento, tales como el retraso en la publicación de reglamentos –de 30 leyes sólo hay 5 reglamentos publicados– así como en la instauración de los sistemas estatales para prevenir sancionar y erradicar la violencia en contra de la mujer, siendo estos los mecanismos claves que sientan las bases para su aplicación y los necesarios para proteger los derechos humanos de las mujeres.
MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL
En materia de salud, afirma el Observatorio, a las mujeres víctimas de violencia sexual se les obstaculiza el derecho a la anticoncepción de emergencia y al aborto legal por violación.
Estos derechos son afectados por valoraciones morales de los funcionarios públicos que anteponen el derecho de toda persona a elegir sobre la reproducción, consagrado en el Artículo 4 de la Constitución, efectuando una doble victimización de la mujer.
El 28 de enero del presente año, el Comité Consultivo Nacional de Normalización de Prevención y Control de Enfermedades se reunió en una sesión irregular, para discutir y aprobar nuevas modificaciones a la redacción realizada a la Norma 046.
Los cambios –fuera del proceso– afectan el sentido de la norma, pues ya no garantizan el acceso a la anticoncepción de emergencia, ni a la interrupción legal del embarazo producto de una violación, de igual forma, atenta contra el objetivo de la propia norma, pues no obliga al Estado a ofrecer dichos derechos.
Después de que el Estado mexicano se proclama defensor y protector de los derechos humanos de las mujeres, considera el Observatorio, incurre en la practica del «doble rasero de los Derechos Humanos» debido a su doble moral, como defensor y trasgresor, de los derechos humanos de las mujeres.
El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio exige, ante todo ello, un alto a la violencia hacia las mujeres y reafirma su compromiso con la vigilancia por el respeto a los derechos de las mujeres.
Así mismo, exhorta al Estado mexicano a reconocer que falta mucho por hacer en materia de acceso a la justicia a mujeres víctimas de violencia y feminicidio y que garantice los derechos humanos de las mujeres.
09/GG
