Diputadas de la Comisión Especial de Feminicidios, presentaron un punto de acuerdo para que el Congreso llame al Ejecutivo Federal, a cumplir con la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), por el feminicidio de Campo Algodonero, respecto al concepto de indemnización a las víctimas.
El punto de acuerdo, turnado a la primera comisión de la Cámara de Diputados el pasado miércoles, enfatiza la importancia de la sentencia, toda vez que por primera ocasión, las y los familiares de las víctimas, fueron escuchados por un tribunal internacional, representando también para éstos «la primera puerta de entrada para acceder a la justicia, ante autoridades omisas e irresponsables».
Cabe recordar que el 10 de diciembre de 2009, la CoIDH publicó la sentencia que condena al Estado mexicano por no prevenir, investigar, ni actuar con celeridad para erradicar la violencia contra las mujeres en Ciudad Juárez.
Las diputadas recordaron que en las pasadas reuniones de trabajo con funcionarios federales de los tres niveles de gobierno para revisar el avance en el cumplimiento de la sentencia, se evidenciaron las diferencias entre éstos para cumplir algunas de sus obligaciones.
En particular, señalaron, la que se refiere al pago por concepto de daño material y moral a las tres familias de las víctimas, que consiste en una indemnización y reintegro de costas y gastos a las víctimas del caso por un monto de 851 mil dólares.
De acuerdo con la sentencia, las indemnizaciones deberán ser entregadas a los beneficiarios en forma íntegra y en caso de que el Estado incurriera en mora, deberá pagar un interés sobre la cantidad adecuada, correspondiente al interés bancario moratorio en México.
Las integrantes de la Comisión Especial que preside la diputada Teresa Incháustegui, aseguraron que «la dilación y falta de sensibilidad de la que se dan muestras en las diferencias de estas autoridades, constituye una nueva revictimización que no puede ser tolerada».
«En esto no puede haber confusión, la sentencia dictada por la CoIDH en contra del Estado mexicano, en los términos del citado artículo 28 de la Convención Americana de Derechos Humanos, compete fundamentalmente al Gobierno Federal».
Reiteraron que es él quien está obligado a cumplir y hacer cumplir las disposiciones derivadas de ese instrumento.
De acuerdo al marco jurídico internacional aplicable, el Gobierno Federal debe realizar de manera inmediata las gestiones necesarias para asegurar que antes del próximo 10 de diciembre, día en que vence el plazo para dar cumplimiento a esta disposición de la sentencia, sean pagadas íntegramente las indemnizaciones, así como los gastos y costas, a las familias de las víctimas de «Campo Algodonero», puntualizaron las diputadas federales.
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