Las y los legisladores debatieron hoy, en la glosa del Primer Informe de Gobierno de Felipe Calderón, con Francisco Ramírez Acuña, el cuestionado titular de la Secretaría de Gobernación (Segob) que arrastra varias denuncias de abusos y violaciones de derechos humanos.
Se trata del personaje que ?de acuerdo con un comunicado del Centro Nacional de Comunicación Social AC (Cencos)– aseveró en su toma de posesión que no tiene otras aspiraciones políticas y mantendrá con bajo perfil sus actividades en la dependencia a su cargo.
Quien es además señalado por la sociedad como represor desde su mandato como gobernador de Jalisco, cuando en el periodo de 2001 a 2006 las denuncias por tortura aumentaron considerablemente al recibir la Comisión Estatal de Derechos Humanos 640 quejas por ese delito.
El que se vio obligado al pago de lealtades al llamar a su equipo a Abraham Kunio González Uyeda, empresario lechero jalisciense, que nunca ha ganado un cargo de elección popular por voto directo, a pesar de que lo ha buscado, pero ahora ya es subsecretario de Gobierno, uno de los puestos públicos más importantes en el país.
Mientras que Juan María Naveja, ex asesor de coordinadores de Ramírez Acuña en el gobierno de Jalisco, se quedó como subsecretario de Normatividad de Medios, otra de las áreas torales de la dependencia federal.
Entre las acusaciones que pesan sobre el actual Secretario de Gobernación, de mano dura, se encuentra la represión de manifestantes durante la tercera cumbre de jefes de Estado y de gobierno de la Unión Europea, América Latina y el Caribe en 2004, cuando arremetió con la fuerza pública contra cientos de manifestantes y encarceló a varios.
Ya entrado en su gobierno, defendió la postura de su antecesor en Bucareli, Carlos Abascal, y negó que haya propuesto canjear la remoción del mandatario oaxaqueño Ulises Ruiz Ortiz por la crisis del magisterio y la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), a cambio de la toma de posesión como presidente de Felipe Calderón.
Unos cuantos días después de entrar en funciones, justificó el sospechoso traslado de 141 detenidos de Oaxaca a un penal federal de mediana seguridad en Nayarit (tras un operativo de la Policía Federal Preventiva el pasado 25 de noviembre) al decir que fue legal y obedeció a una solicitud expresa del gobernador Ruiz Ortiz.
En tanto, se negó a responder a las acusaciones que vinculan a policías federales en el abuso sexual a 15 integrantes de la APPO y sentenció categórico que la dependencia federal no tiene nada que tratar con el magisterio oaxaqueño, dando la espalda al conflicto en la entidad.
Sobre el titular de Segob pesa además una denuncia por la detención arbitraria de cuatro ciudadanos españoles en la ciudad de Oaxaca, que fueron liberados sin cargos posteriormente.
En otro desliz, declaró que habría que encender los focos amarillos por la presencia del crimen organizado en la Ciudad de México, lo que valió que legisladores locales abandonaran una sesión legislativa que tenían con el titular de Segob.
SÍMBOLOS Y SIGNOS
Asimismo, la Segob censuró la transmisión de programas de Andrés Manuel López Obrador argumentando que son falsos, representan ataques a terceros y provocan la perturbación del orden y la paz públicos, porque –según la dependencia– se presenta a un ex candidato a la Presidencia, que perdió la elección, que aparece en voz e imagen ostentándose como presidente legítimo, portando una ‘pseudo’ banda presidencial que es de uso exclusivo del Presidente en las ceremonias oficiales, olvidando que debería transmitirse en los tiempos oficiales a los que tienen derecho los institutos políticos.
Por otra parte, declaró que las negociaciones sobre la reforma electoral se habían roto, invadiendo el ámbito legislativo.
En su propia interpretación de los colores de la bandera, sostuvo que: «Los colores que la conforman representan originalmente la Independencia. El verde ?dijo?, la religión; el blanco y el rojo, la unión de los mexicanos», provocando el enojo de los legisladores quienes le reclamaron que de acuerdo con la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, él es el principal obligado a respetar los símbolos patrios.
En la bandera nacional el blanco simbolizaba la pureza de la religión católica; el verde representa el movimiento insurgente, o sea, la Independencia, y el rojo, que figura al grupo español adherido al impulso libertador.
En este sentido, la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados envió al titular de la Secretaría de Gobernación, Francisco Ramírez Acuña, un oficio en el que cuestiona su interpretación personal de la simbología de los colores de la bandera.
Por otra parte, en una sospechosa caída de la transmisión, sin poder explicar con precisión cuáles fueron las «causas técnicas» que impidieron la difusión del mensaje de la diputada perredista Ruth Zavaleta durante la toma de posesión de la nueva legislatura y la entrega del Primer Informe de Gobierno de Felipe Calderón, el secretario de Gobernación, aseveró de manera genérica: «Fue un problema de producción, todos ustedes (los reporteros) mejor que nadie los conocen».
RELIGIÓN Y DERECHOS HUMANOS
En otro escándalo por su falta de transparencia, Ramírez Acuña aceptó que la Segob ha canalizado recursos en favor de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) para celebrar la asamblea de la organización que agrupa a la jerarquía católica.
Sostuvo que se trata de un «apoyo legal» inscrito en el presupuesto de egresos de esta dependencia, el cual «es un apoyo que se viene dando desde hace muchos años».
En materia de derechos humanos, el programa nacional de derechos humanos quedó en segundo término, demostrando poca disposición para construir política pública en la materia, así como poca capacidad de diálogo con las organizaciones que trabajan el tema, ya que recientemente algunas de ellas dejaron el espacio por la poca capacidad de respuestas así como de integración de propuestas de la sociedad civil en las instancias de interlocución.
En su primer informe entregado al Congreso de la Unión, la Secretaría de Gobernación afirmó que el Centro de Información y Seguridad Nacional (Cisen) sí «alertó sobre riesgos y amenazas» a la estabilidad y «propuso medidas de disuasión y desactivación».
Es así que los parlamentarios debatirán con un cuestionado y de «bajo perfil» encargado de la política interior del país, cobijado de sus presuntos delitos por la impunidad y el compadrazgo que imperan en el país y que lesiona los derechos humanos de la población desde los mismos órganos de gobierno.
07/GG/CV
