Es urgente que la sociedad en su conjunto y la comunidad internacional, así como la Organizaci{on de las Naciones Unidas, volteen hacia Oaxaca y conozcan el verdadero rostro de la política fascista que está aplicando el gobierno de Felipe Calderón en aquella entidad: de absoluta violación a los derechos humanos, denunciaron familiares de detenidos y desaparecidos.
Acompañados de organizaciones de la sociedad civil, los familiares de detenidos y desaparecidos en el conflicto que se vive en Oaxaca desde hace poco más de seis meses, se plantaron frente a la sede la ONU para demandar la intervención de relatores y observadores del organismo, a fin de poner alto a la violación de derechos humanos.
En una carta dirigida a Louise Arbour, Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, solicitaron la intervención de relatores de los grupos de Trabajo de Detenciones Arbitrarias y de Desapariciones Forzadas.
Asimismo, pidieron intervengan los relatores especiales: de la Comisión de Derechos Humanos sobre la cuestión de la Tortura; sobre Ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias; del Representante Especial del Secretario General sobre la situación de los Defensores de los Derechos Humanos y del Relator Especial de la Comisión de Derechos Humanos sobre la Independencia de Jueces y Magistrados.
Al filo de las 14:30 horas, una comitiva de los familiares y organizaciones fue recibida por Paul Hoefel, director del Centro de Información de Naciones Unidas para México, Cuba y República Dominicana, quien les aclaró que para poder intervenir se requiere la solicitud del Estado Mexicano.
Adrián Ramírez, presidente de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (LIMEDDH), y quien ingresó con la comitiva, comentó que el funcionario de la ONU expresó su solidaridad con los afectados, sin embargo confirmó que deberán ser convocados por el gobierno para poder hacer su trabajo de observadores en Oaxaca.
En este sentido, Ramírez explicó que la próxima semana acudirán ante la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República, instancias que tienen injerencia en el asunto y pueden interceder para que se solicite la participación de los relatores de Naciones Unidas.
ESTADO DE TERROR
Los familiares de los detenidos y desparecidos aseguraron que en Oaxaca los elementos de la Policía Federal Preventiva están realizando detenciones injustas y arbitrarias de personas que incluso nada tienen qué ver con la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), organización conformada por más de 350 organizaciones sociales en apoyo a las demandas del magisterio oaxaqueño.
Denunciaron que en Oaxaca se vive un clima de terror y un estado de sitio de facto, en donde es delito no sólo ser miembro de la APPO o estudiante, sino simplemente «ser pueblo».
En el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos, padres, madres, hermanos e integrantes de organismos defensores de derechos humanos, denunciaron que, a la fecha, el saldo negro del operativo aplicado por el estado en Oaxaca es de 500 personas detenidas, 200 de las cuales continúan en alguna cárcel del país, y de ellas 34 son mujeres y 3 menores.
Revelaron que 46 personas continúan desaparecidas, sin que hasta ahora se conozca si están vivas o a qué penal fueron trasladadas.
Reportaron que 122 personas han resultado heridas y 15 más han muerto, algunas de ellas con el sello de ejecución extraoficial y otras más por balas perdidas o por el uso inadecuado de bombas de gas lacrimógeno por parte de los elementos de la Policía Federal Preventiva.
«UNA OREJA DE RECUERDO»
Ahí, frente a la sede de las Naciones Unidas, la cual cerró sus puertas desde las 9:00 horas en que inició el plantón, Alberto Cilia, quien viajó a Oaxaca como observador de la organización de derechos humanos Yaxkin, y fue detenido el 27 de noviembre, dio su testimonio de cómo fue torturado y golpeado por elementos de la PFP.
Narró que fue amenazado de muerte por sus victimarios de cortarlo en pedacitos y guardar una oreja en alcohol para mandarla de recuerdo a su familia. Que lo golpearon continuamente en las costillas, brazos y piernas. Le pateaban y pisaban la cara brutalmente. Continuamente lo amenazaban de matar a sus padres y demás familiares.
Mencionó que al momento de ser presentado ante el Ministerio Público le «sembraron» resorteras, piedras, balines, bombas molotov, playeras y credenciales de la APPO que lo identificaban como supuesto miembro de dicha organización.
Ahí, lo obligaron a declarar que él había estado en Radio Universidad, que participaba en mítines y marchas a las que convocaba la APPO, que se refugiaba en CU, que se encargaba de hacer cohetones y bombas molotov, y que la APPO le pagaba $500 pesos por permanecer en las barricadas.
Alberto Cilia fue liberado este 7 de diciembre, luego de que sus padres pagaron 108 mil pesos de fianza.
LIMEDDH AMENAZADA
Adrián Ramírez, de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (LIMEDDH), organización que ha dado seguimiento al conflicto que surgió inicialmente como movimiento magisterial, pero al que posteriormente se sumaron diversos sectores de la sociedad en contra de la política del gobernador Ulises Ruiz, aseguró que el Estado mexicano debe ser llevado al «banquillo de los acusados», por la política de represión que aplica en aquella entidad.
El presidente de la LIMEDDH, organización no gubernamental creada en 1985 y que trabaja en apoyo a casos de violación de los derechos humanos, denunció que hay una campaña de hostigamiento y persecución en contra de los defensores de derechos humanos que están interviniendo en Oaxaca.
Mencionó que fue girada una orden de aprehensión en contra de Yésica Sánchez Maya, expresidenta de la LIMEDDH, en Oaxaca, por su presunta participación durante la toma de las instalaciones del Canal 9 de esa capital.
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