Una vez más la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dejó en manos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) la investigación y sanción a los militares responsables de violación sexual contra mujeres de los municipios de Castaños, Coahuila; Nocupétaro; Carácuaro y Huetamo, en Michoacán.
Al presentar hoy las recomendaciones sobre los casos de violación sexual por parte de militares contra las mujeres de la zona de tolerancia del municipio de Castaños, en Coahuila, y de Nocupétaro; Carácuaro y Huetamo, en Michoacán, y otros dos casos de violación grave a los derechos humanos, el organismo también justificó, en voz de su Segunda Visitadora, Susana Thalía Pedroza de la Llave, que tanto en el ámbito civil como en el militar se cometen «irregularidades».
«Lo más importante es que logramos acreditar que de todas formas en el fuero común se pueden cometer actos irregulares o que se realice una irregular integración de la averiguación previa. En este caso acreditamos que la Procuraduría General de Justicia del Estado de Coahuila cometió varios errores», argumentó la Segunda Visitadora.
Aunque la CNDH informó en meses anteriores a la prensa que sus recomendaciones para ambos casos serían «muy claros contra la impunidad» y no «meros jalones de oreja», éstas carecen de señalamientos contundentes y siguen expresando un «respaldo» de la Comisión a la labor que realizan los militares.
Sin embargo, para José Luis Soberanes, autonombrado «ombudsman militar», «ahora sí se hizo este señalamiento porque no son recomendaciones comunes y corrientes por la gravedad de los hechos».
«A partir de la creación de esta Comisión Nacional, ha habido una conducta permanente respecto a la actuación del ejército, en ese sentido nosotros somos el ombudsman militar», enfatizó.
CASTAÑOS
Para el caso de Castaños, las recomendaciones se centran en solicitar al Secretario de la Sedena que inicie procedimientos administrativos de investigación en contra de los militares que fueron identificados por las mujeres violadas por ellos y que «brinde» su colaboración para lograr la captura de los 3 militares que se encuentran prófugos.
También la reparación del daño a las víctimas y se pide capacitación para personal de tropa, jefes y oficiales del Ejército «respecto al trato que deben dar a las mujeres».
Al gobernador de Coahuila, Humberto Moreira, la CNDH le solicitó que gire instrucciones para que se inicie, integre y determine una averiguación previa por el delito de aborto, cometido por militares contra una de las mujeres violadas en Castaños.
También le solicita iniciar procedimiento administrativo contra el médico perito adscrito de la Procuraduría General de Justicia de Coahuila y contra el agente investigador de Castaños, Coahuila, por omitir información y por irregularidades en la integración de la averiguación.
En total, son nueve recomendaciones para la Sedena, cinco para el gobernador y una para el Presidente de la mesa directiva del Congreso del estado.
Para este caso, la CNDH informó que 11 soldados están involucrados, de los cuales 8 fueron procesados y 3 permanecen prófugos.
MICHOACÁN
Cabe recordar que en el caso de Nocupétaro, Carácuaro y Huetamo, Michoacán, donde 4 mujeres menores de edad, 3 de 17 años y una de 16, fueron violadas por militares el 2, 3 y 4 de mayo de este año, la CNDH trató de «limpiar su imagen» luego de las críticas recibidas por su actuación en el caso de la señora Ernestina Ascencio, de Zongolica, Veracruz, presuntamente violada también por militares interviniendo de manera inmediata en este caso.
Para éste, la CNDH emitió 8 recomendaciones en el mismo tono: le pide a la Sedena investigar y fincar responsabilidades, reparación del daño para las víctimas y «capacitación» para militares.
NI GUSTOS NI OPINIONES PERSONALES
Para el ombudsman militar no se trata de emitir opiniones personales o de gustos, ni de insistir que los delitos cometidos por militares, en especial las violaciones sexuales contra mujeres, sean investigados por la vía militar y no la civil.
Soberanes sostuvo que existe un «orden jurídico», concretamente el Artículo 13 constitucional referente al fuero de guerra y la Comisión actúa «con la ley en la mano».
«Podemos opinar y de hecho opinamos que se debe revisar el fuero militar, yo sería el primero en opinar, pero como presidente de la Comisión tengo que hacer lo que la ley señala».
Y agregó que «esperaría» que Felipe Calderón, «asuma su responsabilidad constitucional y ordene que se castigue a los responsables».
La CNDH perdió credibilidad luego del escándalo de Zongolica, misma que ahora intenta recuperar con estas recomendaciones «enérgicas» a la Sedena pese a que el Ombudsman nacional subrayó que con ellas «acredita que su único compromiso es con la verdad y la ley» y que el organismo que encabeza no actúa de acuerdo a lo políticamente correcto «ni para quedar bien con nadie».
No obstante, en las recomendaciones no hay una exigencia clara por parte de la Comisión para que los militares sean juzgados en el ámbito civil ni de que regresen a sus cuarteles, pese a haber «documentado y comprobado» que éstos están incurrido desde que salieron a las calles por órdenes de Calderón Hinojosa para «combatir al crimen organizado» en violaciones sexuales, robo, asesinatos y tortura contra mujeres, hombres y niños.
07/LGL/GG
