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Quieren garantizar derechos reproductivos en Ley de Salud

Por la Redacción

Por segunda ocasión en ocho años, diputadas federales intentan reformar la Ley de General de Salud (LGS), a fin de que garantice plenamente los derechos sexuales y reproductivos de las mexicanas.
 
Uno de los objetivos de la iniciativa presentada el martes pasado ante el Pleno legislativo es incidir en el diseño de políticas públicas, que reduzcan las altas cifras de embarazos en adolescentes y la incidencia de infecciones de transmisión sexual (ITS). 
 
Y es que actualmente la LGS sólo contempla como servicios de salud sexual y reproductiva la atención materno-infantil y la planificación familiar. No reconoce de forma expresa los derechos de las personas en esta materia, y sólo hace referencia a la educación sexual, cuando el tema es mucho más amplio, a decir de las legisladoras que presentaron la iniciativa.
 
La iniciativa de reforma, elaborada por legisladoras del PRD, PRI, PVEM, Movimiento Ciudadano y Panal, con la asesoría de los grupos civiles Ipas-México, Balance y GIRE, se turnó a la Comisión de Salud para su dictaminación y eventual votación en el Pleno de la Cámara de Diputados.
 
En un comunicado, la presidenta de la Comisión de Equidad y Género de la Cámara baja, Martha Lucía Micher Camarena, recordó que en 2005 –durante la 59 Legislatura– se presentó una iniciativa similar que advertía la importancia del embarazo en adolescentes como un tema de salud pública, que debía atenderse de forma integral, con información de consejería sexual, distribución de métodos anticonceptivos, y prevención de ITS.
 
Pero el proyecto no fue aprobado y de 2005 a 2011 la tasa de gestaciones prematuras pasó de 30 a 37 adolescentes embarazadas por cada mil mujeres, detalló la legisladora perredista.
 
Micher destacó que uno de los planteamientos de la actual iniciativa de reforma es homogenizar los servicios de salud sexual y reproductiva en todo el país desde una perspectiva de Derechos Humanos.
 
Explicó que el texto vigente de la LGS permite que algunas entidades federativas interpreten su obligación de operar los servicios de forma “subjetiva, con base en razones ideológicas que limitan a las mujeres en el acceso a la prevención y atención de su salud sexual, sin fines reproductivos”.
 
La iniciativa, cuya votación se prevé para el periodo de sesiones que inicia en septiembre próximo, incluye los derechos a la consejería sexual, la reproducción asistida, la anticoncepción de emergencia y la interrupción legal del embarazo (ILE).
 
Además asegura insumos e intervenciones para garantizar el pleno ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, toda vez que en varios estados no hay abasto de anticonceptivos o se niega su distribución entre la población adolescente.
 
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