El proceso electoral de 2010 se inscribe en un contexto sui generis para Quintana Roo que, para cumplir con reformas constitucionales, adelantó su proceso siete meses. Las autoridades electas convivirán con las autoridades en funciones ocho meses.
Seis partidos y dos coaliciones contendieron por el principio de Mayoría de Relativa (MR) en la elección al Congreso, donde se disputaron 15 escaños. Por el principio de Representación Proporcional (RP) los seis partidos contendieron en solitario por diez escaños más. Para la elección de nueve ayuntamientos contendieron en coalición en algunos casos y de manera independiente en otros.
En Quintana Roo, las cuotas de género están normadas en la Constitución y en la ley estatal electoral. Actualmente la cuota constitucional precisa que ningún género debe tener una representación mayor a 60 por ciento. Pero, por un error legislativo, en la Ley Electoral continúa establecida una cuota no mayor a 70 por ciento.
De cualquier manera, el porcentaje es lo de menos, porque no cuenta con precisiones ni sanciones, pero se exceptúa de su cumplimento a los partidos en caso de un proceso de elección de candidaturas mediante voto directo. Y no se precisa qué deberá entenderse por eso. Así que, para efectos prácticos, la decisión puede tomarla una élite o una persona o un grupo en condiciones más o menos democráticas.
Para la gubernatura, por segunda vez en la historia contendió una mujer. Pero lo hizo en condiciones adversas al interior de su partido (PAN), que negoció, infructuosamente, un candidato en alianza con el Partido de la Revolución Democrática (PRD).
Para la elección por MR al Congreso, contendieron 50 personas, de las cuales sólo 14 (28 por ciento) son mujeres. Salvo excepciones, los partidos y coaliciones incumplieron la cuota en candidaturas propietarias. Postularon mujeres por entre 14 y 25 por ciento. Algunos ni siquiera alcanzaron la cuota en la suma con las suplencias.
Las peor posicionadas fueron las militantes del partido en el gobierno, el Partido Revolucionario Institucional (PRI), que retrocedió 35 años al igualar el número de mujeres postuladas a su registró de 1975: una. Algo que no había repetido desde 1999. En las suplencias casi el 90 por ciento son mujeres.
Además, en la coalición que encabezó ese partido no postuló a ninguna mujer. Como ya se había mostrado en 2005, el costo de la alianza lo pagaron las mujeres priístas. En 2005 postuló tres (20 por ciento).
Por RP, de las 33 mujeres postuladas a candidaturas propietarias, 24 ocupan del cuarto al décimo lugar; es decir, 73 por ciento de las mujeres inscritas por este principio no tenían ninguna posibilidad de llegar al Congreso.
Del 27 por ciento restante, las mejor colocadas fueron las militantes del PAN, que ocuparon el primer y segundo lugar; también el PVEM colocó a una mujer en el primer lugar. Las peor ubicadas fueron las militantes del PT, en el tercer lugar de la lista, y de Nueva Alianza que no inscribió a ninguna mujer en los tres primeros lugares.
Así, de 25 escaños, quince por MR y diez por RP, las mujeres sólo ganaron seis (24 por ciento) para la próxima XIII Legislatura (2011-2014), apenas uno más que los que ocupan actualmente. De los escaños obtenidos, uno es por mayoría relativa (PRD) y cinco plurinominales (dos por el PAN, una por el PRI, una por el PRD y una por el PVEM).
Al parecer las mujeres quintanarroenses llegaron a un techo de cristal que no alcanza 25 por ciento, pues desde hace tres legislaturas su presencia oscila entre cinco y seis diputadas, lo que equivale a 20 y 24 por ciento. Y eso está por verse, porque tomarán posesión dentro de ocho meses, y de las seis electas, sólo las militantes del PRD tienen suplentes mujeres, en los demás casos los suplentes son hombres.
En la elección para ayuntamientos, la brecha más grande entre mujeres y hombres se encuentra en las candidaturas a la presidencia y a la primera regiduría, espacio éste que por ley ocupará la presidencia municipal en caso de ausencia temporal del titular.
Los institutos políticos participaron para ganar un total de nueve presidencias municipales, nueve sindicaturas y 60 regidurías de mayoría relativa. Adicionalmente se repartieron 33 regidurías de representación proporcional.
Se presentaron 25 planillas que postularon a 442 personas. De las cuales 188 son mujeres y menos de la mitad (38 por ciento) fueron registradas con carácter de propietarias. Para la presidencia municipal fueron postuladas sólo 5 mujeres (20 por ciento) y para la primera regiduría, cuatro (16 por ciento). En contraste, en la postulación a las sindicaturas prácticamente se observa paridad (48 por ciento).
En candidaturas propietarias por municipio, ningún partido político o coalición, excepto el PRI, cumplió con la cuota de género. El PRI se vio obligado a cumplir con una sentencia de la Sala Regional del Tribunal Electoral de la federación, dictada a partir de la impugnación que hiciera el PRD a las planillas del PRI en tres municipios.
Esa sentencia marcó tres precedentes: 1) Casi cumplir la cuota no es cumplirla. 2) La cuota debe cumplirse tanto en candidaturas propietarias como en suplencias, y no en la suma de ambas. 3) Las suplencias deben ser del mismo género.
Tras las elecciones, las mujeres ocuparán dos presidencias municipales (22 por ciento). De nueve sindicaturas, ganaron tres (33 por ciento). Actualmente sólo hay una. Y de un total de 60 regidurías de MR se quedan con 23 (38 por ciento); pero sólo con una primera regiduría (11 por ciento). De 32 regidurías por RP las mujeres ocuparán nueve (28 por ciento).
En total, de 111 cargos propietarios para nueve ayuntamientos, las mujeres ocuparán 37, lo que representa un 33 por ciento
A manera de conclusión: Es evidente que urge una profunda reestructuración de la norma en materia de cuotas de género, que incluya el principio de igualdad sustantiva y efectiva, y para su logro establezca precisiones y sanciones muy puntuales.
La sentencia dictada por la Sala Regional del Tribunal Electoral de la federación deberá marcar precedente para futuros criterios de las autoridades electorales.
Sin embargo, y dado que en esta elección se apreció una autoridad electoral sin ánimo de ampliar la interpretación con una perspectiva que permitiera cerrar la brecha de la desigualdad, y en no pocas ocasiones francamente omisa en este tema, habrá que exigir cambios a la ley con las debidas precisiones.
Finalmente, es notoria la ausencia de voces que exijan igualdad en las postulaciones o que denuncien la asimetría y la exclusión.
En los medios de comunicación apenas un par de periodistas hicimos análisis con esta visión. No percibí voces de denuncia ni en la sociedad civil, ni en el gobierno y mucho menos en los partidos políticos. En éstos últimos, públicamente ninguna militante expresó su malestar y mucho menos exigió sus derechos al ser excluida. Saben que sin contrapesos, su protesta sólo redundará en mayor exclusión.
Así, sin un marco legal con precisiones y sanciones, sin observadoras, sin voces públicas que exijan el cumplimiento del espíritu de la ley, sin la fuerza organizada de las mujeres, sin una autoridad electoral dispuesta a interpretar la ley con una clara perspectiva de igualdad, el machismo no tuvo mayores diques en Quintana Roo.
* Periodista y feminista en Quintana Roo, integrante de la Red Internacional de Periodistas Con visión de género
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