Hoy en Washington DC, al inicio del 134° periodo de audiencias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), se llevó a cabo la audiencia sobre el juzgamiento de violaciones de derechos cometidas por militares mexicanos bajo la jurisdicción militar, a pesar de las múltiples recomendaciones efectuadas por la CIDH sobre que las violaciones de derechos humanos deben dilucidarse bajo la jurisdicción ordinaria.
Recientemente el Consejo de Derechos Humanos de la ONU recomendó al Estado revisar el Código de Justicia Militar con el fin de corregir esta situación, recomendación que México aun no ha atendido. Varias de esas violaciones fueron cometidas contra mujeres, casos que hasta hoy continúan impunes, como el de Inés y Valentina, indígenas del estado de Guerrero abusadas sexualmente y torturadas por militares en 2001.
Cejil es una organización, no gubernamental sin fines de lucro, con estatus consultivo ante la OEA de defensa y promoción de los derechos humanos en el hemisferio americano, cuyo objetivo es asegurar la plena implementación de normas internacionales de derechos humanos en los Estados miembros de la OEA, mediante el uso efectivo del sistema interamericano de derechos humanos y otros mecanismos de protección internacional.
También se llevó a cabo la audiencia del caso referido al femicidio de María Isabel Véliz Franco, ocurrido en diciembre de 2001 en Guatemala.
El caso de feminicidio fue expuesto ante el organismo por el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), junto con otras organizaciones de derechos humanos.
Cejil y la Red de No Violencia contra las Mujeres en Guatemala afirmaron ante la Comisión Interamericana que, transcurridos más de 8 años desde el asesinato de la víctima, sus familiares siguen sin saber la verdad de lo ocurrido debido a fallas en la investigación judicial.
Mañana 21 de marzo, se celebrarán reuniones de trabajo para examinar el estado de cumplimiento de acuerdos de solución amistosa y de recomendaciones emitidas por la Comisión Interamericana sobre violaciones de derechos humanos ocurridas en México, Honduras y Perú.
Estos casos, se refieren a: desapariciones forzadas, detención ilegal, tortura, ejecuciones extrajudiciales seguidas de la falta de investigación eficaz y reparación a las victimas.
El día 23 de marzo, la Comisión analizará denuncias sobre alianzas entre políticos y paramilitares en Colombia, y el efecto que estas alianzas tienen en el ejercicio de los derechos civiles y políticos en ese país. Asimismo, recibirá información relevante sobre la falta de legislación efectiva que garantice el derecho a la salud y el acceso a la justicia de las trabajadoras de la maquila en Honduras.
Las audiencias finalizarán el 24 de marzo, con un relevamiento actualizado de la situación de derechos humanos en Venezuela, en particular en lo referente a los derechos económicos, sociales y culturales (DESC), las garantías para el trabajo de los defensores de derechos humanos y las y los periodistas.
El periodo se cerrará con el estudio del caso sobre discriminación por razón del género, basado en el tipo de labor que llevan a cabo las trabajadoras de atención directa del Patronato Nacional de la Infancia (PANI) de Costa Rica, quienes se encuentran sometidas a jornadas laborales de 24 horas por varios días consecutivos.
Cejil espera que este período de sesiones contribuya a garantizar el efectivo goce de los derechos humanos para los habitantes del hemisferio y que la CIDH dé seguimiento a los compromisos que asuman los Estados convocados.
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