Las cárceles no tendrían capacidad para todos los hombres golpeadores que existen en el país, aseguró el presidente sustituto del Supremo Tribunal de Justicia de Michoacán, Alejandro González Gómez, quien opinó que de nada serviría endurecer las penas para los hombres violentos.
Entrevistado durante la reunión internacional Modelos de Atención a la Violencia de Género, que inició hoy en esta ciudad, el también magistrado de la primera sala penal en Morelia, propuso programas preventivos e incluso terapias para que los golpeadores puedan poner fin a su violencia.
Dijo que en México la violencia familiar constituye un delito, por lo que en casi todos los códigos penales del país está tipificada como tal, aunque admitió que existen problemas de carácter técnico en la normatividad que obstaculizan la aplicación de las leyes.
González Gómez aseguró que los jueces tienen capacidad para impartir justicia en el caso de las mujeres que son víctimas de violencia familiar, no obstante señaló que hace falta trabajar mas con las policías y los representantes del Ministerio Público.
En su intervención González Gómez sostuvo que los tratados internacionales, en especial los relativos a los derechos humanos, son de aplicación preferente tanto en el ámbito federal como en todos los estados de la república.
Por su parte, Alejandra Nuño, representante del Centro de Justicia y Derecho Internacional, con sede en Costa Rica, se pronunció por la desaparición de todas las leyes discriminatorias que impiden la denuncia y señaló que pocos casos de violencia y discriminación han llegado a la Corte Internacional de Derechos Humanos.
Por su parte Alicia Leal, directora de Alternativas Pacíficas en Nuevo León, hizo notar que cuando una mujer víctima de violencia doméstica intenta abandonar a su agresor, el riesgo de maltrato aumenta hasta en un 75 por ciento.
Dijo que desde la experiencia de los 11 refugios para mujeres maltratadas que existen en el país, el 70 por ciento de quienes son atendidas en estos lugares han reportado abortos como consecuencia de golpizas, todas padecen trastornos de salud, así como infecciones de transmisión sexual.
Informó que al menos en cinco ocasiones estas mujeres han recurrido al sistema de justicia por violencia doméstica en tanto que el 98 por ciento ha buscado atención sicológica.
Detalló que desde 1999 los refugios existentes en el Distrito Federal, Coahuila, Baja California, Nuevo León, Quintana Roo, San Luis Potosí y Michoacán, han brindado atención integral a 39 familias en situación de riesgo.
Planteó como reto la definición de los criterios de atención en los albergues, contar con el apoyo gubernamental para establecer más redes sociales que permitan continuar fortaleciendo los servicios con perspectiva de género y que al menos se instale un refugio en cada entidad del país.
2003/SM/MEL
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