La batalla legal emprendida por 161 mujeres de Jalisco que se ampararon en contra de las reformas que penalizan la interrupción del embarazo no deseado, está perdiendo fuerza, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), rechazó atraer los casos.
Ángela García Reyes, abogada del Comité de América Latina para la Defensa de los Derechos de la Mujer, en Jalisco informó a Cimacnoticias que los ministros acordaron regresar los amparos al Tribunal colegiado del tercer circuito de la entidad, con lo que las mujeres tendrán que esperar la decisión de este organismo.
El Tribunal colegiado será el que decida si turna los amparos al juzgado segundo de distrito o al penal. En ambos casos, las mujeres quedarían sin opciones ya que cabe recordar que el primer recurso ante la penalización de la interrupción del embarazo no deseado, se presentó el 13 de agosto de 2009 ante el Juzgado segundo de distrito en materia administrativa, que declinó su competencia y lo remitió al Juzgado tercero de distrito en materia penal.
Este último les negó el amparo al argumentar que no tenía interés jurídico porque ninguna estaba embaraza, ni había solicitado un aborto. No obstante, las mujeres explicaron que sí eran agraviadas y que los jueces de distrito sólo debían admitir o rechazar un amparo que defendía sus derechos sexuales y reproductivos y no entrar en discusiones filosóficas.
El 9 de septiembre de 2009, las mujeres interpusieron una revisión a ese acuerdo que se estudió en el Primer tribunal colegiado en materia penal y decidieron solicitar a la SCJN que atrajera el caso.
Sin embargo, el pasado 10 de marzo la SCJN resolvió no atraerlo y regresarlo al Tribunal de origen para que sea este el que resuelva la competencia.
Los amparos de las 161 mujeres fueron interpuestos luego de que en estado se aprobó la reforma a la constitucional que «reconoce, protege y garantiza el derecho a la vida de todo ser humano desde el momento de la fecundación», y que penaliza el aborto al sancionar con prisión de cuatro meses a un año, a la mujer que interrumpa su embarazo voluntariamente.
LOS AMPAROS EN EL PAIS
Baja California fue la primera entidad federativa en presentar una controversia constitucional ante la SCJN por las reformas aprobadas por su Congreso, en diciembre de 2008 que protegen la vida desde el momento de la concepción (sic), misma que fue promovida por el Ombudsman de la entidad, Francisco Sánchez Corona.
El ayuntamiento de Uriangato, Guanajuato, presentó en 2009, una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por las reformas constitucionales que prohíben la interrupción legal del embarazo (ILE) en la entidad aún por violación, en tanto que 167 mujeres se ampararon ante los juzgados de Distrito estatales porque las reformas desconocen sus derechos plenamente reconocidos en la Constitución federal.
De acuerdo con información del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) 167 mujeres se ampararon, con lo que Guanajuato se suma a Colima (67 amparos), Sonora (72) y Quintana Roo (76), elevando la lista nacional a 382 amparos.
En Morelos, 150 mujeres decidieron recurrir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para presentar su petición de admisibilidad por la violación del Estado mexicano a sus derechos sexuales y reproductivos, misma que fue recibida por esa instancia el 29 de julio de 2009.
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