Inicio Rechazan conciliación y exigen juicio a ex presidente Zedillo

Rechazan conciliación y exigen juicio a ex presidente Zedillo

Por Ángeles Mariscal

En audiencia en Washington, sobrevivientes de Acteal, Chiapas, rechazaron una conciliación amistosa con el gobierno mexicano, y reiteraron su exigencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que se lleve a juicio al ex presidente Ernesto Zedillo; al ex general de la VII Región Militar, Mario Renán Castillo; y al ex gobernador del estado Julio César Ruiz Ferro, entre otros, por la muerte de 45 indígenas el 22 de diciembre de 1997.
 
El pasado 21 de octubre, la CIDH recibió en audiencia a sobrevivientes de la masacre de Acteal, al Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas,  representantes legales de los indígenas; y a los representantes del gobierno mexicano, encabezados por Roberto Campa Cifrián, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob).
 
En la audiencia, las y los comisionados de la CIDH analizaron los argumentos presentados por los sobrevivientes de Acteal, quienes acusan al gobierno mexicano y al entonces presidente Ernesto Zedillo, de haber entrenado y armado a un grupo de indígenas de Chenalhó, quienes habrían masacrado a 45 personas, y dejado heridas de gravedad a 26 más.
 
Este caso, registrado como el 12 mil 790 ante la CIDH, analiza desde marzo de 2005 las pruebas presentadas por las y los sobrevivientes, quienes señalan que la masacre se enmarcó en la estrategia del gobierno mexicano para amedrentar a quienes consideraban bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).
 
Durante la audiencia, las y los sobrevivientes presentaron como nuevas pruebas, análisis y peritajes físicos y psicosociales para intentar demostrar que la masacre se efectuó en el marco de un conflicto de guerra en el que el Estado mexicano los ubicaba como “potenciales enemigos”.
 
En su intervención, Campa Cifrián dijo que en la investigación que el gobierno mexicano realizó sobre los hechos, no se pudo documentar esa teoría, y sí una que apuntaba a la masacre como resultado de conflictos intercomunitarios entre indígenas de la zona.
 
El subsecretario lamentó que a pesar de haber detenido a 107 personas acusadas de perpetrar la masacre, ninguno de ellos está actualmente detenido, principalmente porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) encontró que en los juicios en su contra hubo fallas al debido proceso.
 
“Lamentablemente no podemos volver a llevar a juicio a estas personas, la legislación no nos lo permite, pero lo que sí podemos hacer es llegar a un acuerdo de conciliación amistosa para indemnizar a las víctimas”, manifestó la delegación oficial, que enumeró diversas acciones como la creación de un fondo económico y servicios de salud para las y los sobrevivientes.
 
La respuesta de las víctimas la dio su representante en la audiencia, Juan Vázquez Luna, quien reiteró su rechazo a la conciliación amistosa, y en cambio exigió llevar a juicio a quienes ellos consideran los autores intelectuales de la masacre, como Ernesto Zedillo, el ex comandante militar Mario Renán Castillo, y el ex gobernador Julio César Ruiz Ferro, entre otros.
 
La CIDH deliberará sobre las pruebas y argumentos presentados, y posteriormente hará pública una posible recomendación. No hay fecha programada para ello.
 
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