Diputadas federales expresaron su preocupación por la posible aprobación «fast track» de la iniciativa de Ley de Seguridad Nacional, la cual legalizaría las violaciones a Derechos Humanos (DH) de la población, en especial de las mujeres indígenas en el país.
Teresa Incháustegui, Laura Itzel Castillo, Leticia Quezada, Guadalupe Reyes y Florentina Morales criticaron que esta iniciativa justifique la intervención militar en un drástico estado de excepción. Se trata de «un golpe de Estado legislativo», acusaron.
Las legisladoras alertaron que tienen información de que este proyecto sería dictaminado sólo en la Comisión de Defensa Nacional cuando deben hacerlo cinco comisiones: Gobernación, Seguridad Pública, Defensa Nacional, Derechos Humanos y Justicia.
En entrevista, la diputada del Partido del Trabajo (PT) Guadalupe Reyes afirmó que para la bancada del PRI las mujeres no son importantes, toda vez que quieren imponer «una dictadura militar donde solo importan sus intereses y preocupaciones».
Criticó el argumento priista de que «las mujeres son muy sediciosas, no habría problemas en matarlas, violarlas, lastimarlas y aumentar el feminicidio».
Al respecto, la diputada del PRD Florentina Morales dijo que la izquierda está en contra de que el Ejército viole los DH, en especial de las mujeres indígenas. Afirmó que con esta iniciativa se avalan los atropellos a los campesinos, lo que significaría un retroceso y un peligro para las comunidades indígenas.
Explicó que las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) en los casos de violación sexual de las indígenas tlapanecas Inés Fernández y Valentina Rosendo demostraron que los soldados cometen graves abusos contra las mujeres.
Dijo que con esta ley los militares tendrían la puerta abierta para seguir cometiendo violaciones sexuales contra las mujeres como se ha documentado en Guerrero y en otras entidades de la República.
Apuntó que desde el Poder legislativo se debe trabajar para reformar el Código de Justicia Militar y así cumplir con las sentencias de la CoIDH y no aprobar este tipo de legislaciones, como se pretende hacerlo.
Cabe recordar que las dos sentencias emitidas contra el Estado mexicano por el órgano de la OEA reconocen que ambas indígenas fueron violadas por militares en 2002 y exhortan a reabrir los casos en la jurisdicción civil y a reformar el artículo 57 del Código de Justicia Militar, el cual establece que las violaciones a DH cometidas por militares deben ser investigadas y sancionadas en la jurisdicción castrense.
La también perredista y presidenta de la Comisión Especial de Feminicidio, Teresa Incháustegui, advirtió que este proyecto de ley otorgaría al Ejecutivo el poder irrestricto para utilizar las fuerzas armadas y anular el contrapeso de los Poderes Legislativo y Judicial.
En rueda de prensa, dijo que el PRD, PT y Convergencia exigen que las cinco comisiones sesionen de manera pública para construir una política de seguridad democrática, integral y con pleno respeto a los DH y a las garantías individuales.
A esta demanda se sumaron la diputada perredista Leticia Quezada y la petista Laura Itzel Castillo.
Ante esta situación, manifestaron su respaldo a la iniciativa presentada el 22 de marzo de 2011 por Alejandro Encinas, Teresa Incháustegui y Enrique Ibarra, para crear una nueva Ley de Seguridad Nacional.
Observaron que esta propuesta atiende al problema de la seguridad bajo los principios de legalidad, confiabilidad, rendición de cuentas, responsabilidad, transparencia y respeto a los DH.
Finalmente refirieron que sigue pendiente la reforma al Código de Justicia Militar para que sea la jurisdicción civil y no la castrense la que investigue, juzgue y sancione las violaciones a los DH, tal y como lo mandatan las cuatro sentencias de la CoIDH por los casos de las indígenas tlapanecas, el de Teodoro Cabrera y Rosendo Radilla.
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