El personal sanitario está imposibilitado para alegar objeción de conciencia frente a un aborto cuando se trata de un caso de emergencia o está en peligro la vida de la mujer, advirtió la asesora legal de Ipas, Adriana Ortega Ortiz.
Durante su participación en el Foro Salud, Ética y Aborto, la noche del miércoles en el Hospital General de México, convocado por la Alianza Nacional por el Derecho a Decidir (Andar), Ortega Ortiz señaló que esa excepción para la obediencia de la ley por razones personales sólo es válida frente a procedimientos dilatables.
En su ponencia El Aborto Desde el Punto de Vista Legal, expuso que aunque su legalización es parcial en México, todos los códigos penales de los estados reconocen y apuntan circunstancias en que un embarazo puede ser interrumpido sin violar la ley.
«Este catálogo es consecuencia del reconocimiento de que la salud, la vida y la integridad física y psíquica de las mujeres son bienes apreciados jurídicamente, y de que las personas enfrentan dilemas concretos frente a los cuales la ley no puede exigirles conductas diversas», dijo la especialista.
En el caso particular de aborto por violación, cuatro de los ministros de la Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el entonces presidente consideraron que su disponibilidad era parte de los derechos de las víctimas de los delitos, indicó ante estudiantes y profesionales de la medicina del Hospital.
En la interrupción legal del embarazo los servicios de salud están obligados a respetar la confidencialidad, entregar información objetiva, veraz e imparcial sobre procedimientos y riesgos, dejar la decisión a la mujer, reconocer que se ejerce un derecho y evitar prejuicios, así como seguir los lineamientos médicos y de consejería para una atención sensible, indicó.
En el Foro también participaron el coordinador de Investigación de la Facultad de Medicina de la UNAM, Gregorio Pérez Palacios; la directora del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), Marta Lamas, y el presidente del Colegio de Bioética, Ruy Pérez Tamayo.
El objetivo fue brindar información y abrir un espacio de discusión e intercambio de opiniones, ideas y estrategias entre invitados expertos en el tema y las y los participantes, para identificar áreas que requieren de acción conjunta.
Andar es un esfuerzo que vincula a organizaciones y personas, principalmente de los ámbitos de la salud, el derecho y la educación, con el propósito de fortalecer el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de todas las personas en México.
2003/RGR/MEL