Exhortar a las militantes de todos los partidos políticos a rechazar las candidaturas suplentes en las elecciones federales del 2003, en tanto no se cumpla con el 30 por ciento mínimo de candidaturas propietarias que estipula la legislación electoral mexicana es el objetivo de la campaña nacional «Una candidata suplente no es diputada».
Al presentar la campaña impulsada por la agrupación política nacional Diversa, su presidenta, Marina Arvizu, informó en conferencia de prensa que ante la falta de voluntad política para promover la participación política de las mexicanas, este mes comenzaron negociaciones con diputadas de todas las entidades y filiaciones políticas para concretar un acuerdo nacional cuya firma será el próximo 15 de enero.
Un objetivo de la campaña para el 2003, señaló Arvizu, es lograr que la frecuencia mínima de colocación sea de una mujer en los tres primeros lugares de cada una de las listas de candidatos. Con ello, las mujeres dejarán de ocupar los últimos lugares de las listas plurinominales.
Otra meta importante es que el próximo año lleguen 150 mujeres a las 500 curules de la Cámara de Diputados federal, donde actualmente suman apenas 17 por ciento, es decir, son 83 diputadas.
Arvizu aseguró que pese a contar con una ley que posibilita una participación política femenina más equitativa, ésta nunca será suficiente si las militantes partidarias no exigen el cumplimiento del Código Federal de Instituciones y Procedimiento Electorales (Cofipe), el cual señala la obligación de todos los partidos para garantizar y promover la participación política de las mujeres.
Diana López Muñoz, vicepresidenta de Diversa, describió su estrategia de cabildeo cuyo propósito es «convencer a las diputadas de que aceptar una candidatura suplente, es negarse a ellas mismas, la posibilidad de una candidatura propietaria, además de promover que los partidos políticos sigan sacándole la vuelta a la ley de cuotas, otorgando mayoría en las suplencias».
Desde 1996 la ley de cuotas se encuentra asentada en el Cofipe. Pero deriva en una recomendación incumplida por los partidos políticos, los cuales fingen acatar la ley colocando a las mujeres en puestos suplentes a sabiendas de que sólo puede acceder a un cargo de representación popular si el diputado titular pide licencia o fallece.
Con las reformas al Cofipe aprobadas por la Cámara de Diputados el pasado mes de abril y ratificadas por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión en el mes de junio, los partidos políticos tienen la obligación de garantizar una representación mínima del 30 por ciento para la población femenina.
A la fecha, son once los estados que cuentan con leyes a favor de la participación política de las mujeres: Chihuahua, Durango, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Colima, Distrito Federal, estado de México y Coahuila.
De ellos, San Luis Potosí es el estado con menor porcentaje de representación femenina, apenas con una diputada en el Congreso del Estado. El Distrito Federal es la entidad con mayor participación femenina, con 17 diputadas en la Asamblea Legislativa actual.
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